No cesan los ataques del presidente Gustavo Petro hacia los medios de comunicación que, en la última semana, destaparon uno de los escándalos más grandes del 2025 y que involucraría al Ejército Nacional y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
De hecho, luego de que el presidente se despachara contra el periodista de Noticias Caracol que reveló los archivos decomisados a alias Calarcá y en los que se comprobaría la presunta complicidad del general Juan Miguel Huertas y el funcionario Wilmar Mejía, pidió a los hoy suspendidos por la Procuraduría General de la Nación demandar a los medios de comunicación.
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“Autorizo al general Huertas y al director de inteligencia Wilmar Mejía a poner las denuncias penales y civiles que el infundio de Noticias Caracol y El Tiempo, dado que se niegan a rectificar, merecen (sic)”, señaló el presidente en su cuenta de X.
Esta sería la autorización expresa del jefe de Estado para emprender acciones contra los medios del país, aunque no ha sido la única referencia que ha hecho sobre el tema.
El lunes 1 de diciembre, el mandatario reiteró su respaldo al suspendido director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de apartarlo de su cargo durante tres meses en emedio de una investigación por presuntas filtraciones y alianzas con disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.
En un mensaje publicado también en su cuenta de X, el mandatario calificó de “calumnias” las acusaciones y negó la autenticidad de los audios divulgados por El Tiempo, en los que se escucharía a Mejía ordenar presiones para “salvar” al presidente.
La suspensión de Mejía y del general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, fue adoptada como medida cautelar por la Procuraduría, que argumentó el riesgo de que ambos pudieran influir en la investigación interna sobre una supuesta infiltración criminal en instituciones estatales. Según la entidad, la medida es provisional, por tres meses y con posibilidad de prórroga.
El caso se originó tras el hallazgo de correos y archivos en los computadores de alias Calarcá, incautados durante su detención en una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) entre Anorí y Medellín, Antioquia.
De acuerdo con Noticias Caracol, los dispositivos contenían chats, imágenes y documentos que implicarían la filtración de información clave a los insurgentes, permitiéndoles evadir controles estatales y operar disfrazados mediante empresas de seguridad fachada.
En su pronunciamiento, Petro instó a Mejía a presentar demandas contra los medios de comunicación Noticias Caracol y El Tiempo para exigir rectificaciones y una indemnización económica.
“Hermano Wilmar, te calumniaron, eso es delito y hay que ir a la justicia. Tienes mi autorización. Se prueba que no es tu voz en las grabaciones y no son capaces de rectificar, cuando eso pasa tu ca ir a la justicia penal y civil, que indemnicen su falta al buen nombre (sic)”, expresó el presidente.
Por su parte, Mejía cuestionó la cobertura mediática y la decisión de la Procuraduría, sugiriendo la existencia de intereses ocultos en su contra. “¿A quién le hacen el trabajo? ¿Qué callos pisé que han desatado tanta furia sobre mí? Igual, el presidente tiene razón. Se me suspende por supuestos hechos en mi calidad de ciudadano y no de servidor público”, afirmó en redes sociales. Además, criticó que se le acuse de filtrar información de inteligencia o militar “sin tener acceso a ella”, y señaló inconsistencias en las versiones difundidas.
Las pruebas recabadas apuntarían a que Huertas y Mejía habrían advertido a las disidencias sobre operativos de la Fuerza Pública y la Fiscalía. Se menciona que Huertas habría sostenido reuniones con emisarios ilegales para discutir un posible “pacto de no agresión”, mientras que Mejía, desde la DNI, habría suministrado datos confidenciales.
La Fiscalía abrió investigaciones para determinar la responsabilidad de ambos funcionarios. El general Huertas será investigado por la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema, mientras que el caso de Mejía recaerá en otra dependencia, ya que no cuenta con fuero institucional.
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