La condena en segunda instancia de Santiago Uribe Vélez por parte del Tribunal Superior de Antioquia, que se conoció el 25 de noviembre de 2025, ha reavivado el debate sobre la relación entre el paramilitarismo y las élites políticas en Colombia.
La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, vinculó directamente este fallo con la responsabilidad de los sectores de poder en la violencia sistemática que ha marcado la historia reciente del país.
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Según Pizarro, “Santiago Uribe Vélez, el hermano de Álvaro Uribe Vélez, fue hoy declarado criminal de lesa humanidad por el Tribunal Superior de Antioquia, que a lo largo de todos estos años, de varias décadas, hizo un trabajo riguroso, un trabajo serio, que finalmente condujo a desestimar la primera instancia y a condenarlo en segunda instancia por asociación, por promover grupos paramilitares en Antioquia”.
La senadora subrayó que este caso no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una estructura más amplia.
“¿Esto qué quiere decir? Que el paramilitarismo en Colombia no es un fenómeno aislado, sino que es un fenómeno que además involucró, fue financiado por poderes económicos y sociales de este país, hasta la más alta investidura del poder político en Colombia”, afirmó Pizarro en el pronunciamiento que fue compartido en su cuenta de X.
En su análisis, la funcionaria sostuvo que la política de “mano firme” encubría una realidad mucho más sombría: “Esto quiere decir que detrás de la estrategia de mano firme, lo que había era una estrategia oscura, terrorífica, que sometió a poblaciones enteras y que concurrió de manera soterrada en los más graves crímenes de lesa humanidad en nuestro país”, dijo Pizarro.
La senadora también advirtió sobre las implicaciones que este fallo podría tener para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Hoy, el expresidente Álvaro Uribe Vélez tendrá que responder también por investigaciones que se adelantan en su contra, por la masacre del Aro, de La Granja, el asesinato de Jesús María Valle, el asesinato de Eduardo Umaña Mendoza”, agregó.
Para la jefa de debate del precandidato Iván Cepeda, la sentencia contra Santiago Uribe Vélez representa la confirmación de una realidad política que, a su juicio, no debe repetirse: “Esa es la realidad de un proyecto político que no puede volver a gobernar Colombia”, concluyó Pizarro al medio fuente.
Fallo del Tribunal Superior de Antioquia
Según la resolución judicial, “En consecuencia, el condenado Santiago Uribe Vélez cumplirá la pena de trescientos cuarenta (340) meses de prisión. Se impone la pena de multa de seis mil quinientos (6.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de veinte (20) años y la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por cincuenta y cuatro (54) meses”, manifestó el tribunal.
La sentencia, que consta de trescientas siete páginas, no tendrá efectos inmediatos en la detención de Santiago Uribe Vélez. El tribunal especificó que la orden de captura solo se ejecutará una vez que la sentencia quede en firme, lo que sucederá tras un eventual pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia frente a un posible recurso extraordinario de casación.
Esta decisión revocó la sentencia absolutoria dictada el trece de noviembre de dos mil veinticuatro por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que había beneficiado a Santiago Uribe Vélez. En el texto del fallo se precisa:
“Revocar la sentencia absolutoria proferida el 13 de noviembre de 2024 por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia en favor de Santiago Uribe Vélez por los delitos Homicidio agravado y Concierto para delinquir agravado (...) declarar penalmente responsable a Santiago Uribe Vélez por un concurso de delitos de Lesa Humanidad, uno de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numeral 7 del Código Penal y uno de concierto para delinquir agravado artículo 340 inciso tercero del Código Penal de conformidad con lo expuesto en esta decisión”, se lee en el fallo.
El proceso judicial que involucra a Santiago Uribe Vélez ha estado marcado por la intensidad mediática y la atención pública debido a la relación familiar directa con el expresidente colombiano. Entre las sanciones impuestas se incluye una inhabilitación de veinte años para ejercer funciones públicas y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante cincuenta y cuatro meses.
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