El 26 de noviembre de 2025 se reanudó la audiencia de imputación de cargos contra el hijo del presidente de la República, Nicolás Petro Burgos, por presunto desvío de recursos de la Gobernación del Atlántico.
Según consideraciones de la Fiscalía General de la Nación, el exfuncionario habría cometido seis prácticas ilegales, que incluye interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, y falso testimonio.
Sin embargo, el ente acusador retiró el cargo de falso testimonio contra Nicolás Petro, argumentando que los hechos por los que pretendía imputar este delito ya están contemplados en la falsedad ideológica en documento público.
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“Con el principio de subsunción, su señoría, esta conducta queda íntegramente subsumida en el tipo penal de falsedad ideológica en documento público, que constituye la calificación jurídica más específica y adecuada para los hechos investigados”, expuso la Fiscalía.
El delito de falso testimonio está relacionado con supuesta información falsa que habría ingresado Nicolás Petro al Sigep, sobre su hoja de vida y experiencia laboral. Sin embargo, esto quedaría imputado en la falsedad en documento público.
Por su parte, el exdiputado del Atlántico señaló que no comprende los hechos, lo que impide tomar una decisión sobre aceptar o no los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.
Petro Burgos señaló los cambios son “una situación confusa y riesgosa que estaría siendo utilizada por la Fiscalía para forzar las categorías de mi responsabilidad”. El hijo mayor del jefe de Estado, sostuvo que la falta de claridad en el caso pone su derecho a la defensa en desventaja.
En consecuencia, solicitó al juez que quede por escrito en la imputación de cargos que hubo correcciones a lo largo de las audiencias, además de que su rol en los presuntos delitos fueron cambiados en múltiples ocasiones, lo que “ha violentado mi debido proceso”.
La respuesta del juez fue tajante: “para el despacho la imputación de cargos fue clara, independiente de lo que piense su defensa o usted”. Así las cosas, señaló que oficialmente fue imputado. “Usted inicia formalmente un proceso penal en su contra y adquiera la calidad de imputado”, sostuvo.
El juez aprovechó para que la fiscal del caso resolviera las inquietudes del acusado sobre los cargos imputados. Expuso que “hasta el momento tenemos evidencias un detrimiento patrimonial de 111 millones de pesos, lo que fundamenta interés indebido en la celebración de contratos”.
El acusado objetó sobre el material probatorio de su participación en el delito de tráfico de influencias, por lo que el juez intervino para mencionar que los cuestionamientos habían sido aclarados en sesiones anteriores.
Con respecto al delito de peculado, Petro Burgos preguntó qué acto cometió para apropiarse de contratos. De inmediato, el juez pidió al ente acusador no responder por considerar una dilación injustificada del proceso.
Luego de finalizar la ronda de preguntas, el magistrado volvió a explicar la calidad de imputado del exfuncionario, además de recordar sus derechos a guardar silencio y a acceder a un defensor que lo represente.
“Igualmente, usted tiene derecho al debido proceso establecido en el Código Penal. Finalmente, tiene derecho a un juicio público, imparcial, con un juez distinto a mí”.
Con estas aclaraciones, el juez preguntó a Petro Burgos si aceptaba o no los cargos por los que está siendo investigado. Nicolás no aceptó los cargos por los delitos interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
La fiscal Laborde anunció que mantiene su intención de que se ejecute una medida de aseguramiento contra el exdiputado del Atlántico. En paralelo, el juez sostuvo que se retomará el proceso el martes 2 de diciembre de 2025 a las 8:30 a. m.
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