La Fiscalía anunció la apertura de una investigación por posibles nexos entre disidencias de las Farc y el Estado

La Fiscalía General de la Nación divulgó una comunicación extensa y detallada para responder a las presiones políticas y sociales que surgieron después del informe periodístico de Noticias Caracol. El documento, firmado por la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó la apertura de una investigación formal por los presuntos vínculos entre integrantes de las disidencias de las Farc y funcionarios del Estado.

La institución afirmó que la decisión nació tras verificaciones internas que expusieron material sin uso judicial y con “información de la mayor gravedad”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio se apoyó en una exposición amplia de los hechos conocidos desde mediados de julio de 2024, cuando una caravana de miembros del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias atravesó un retén militar en Anorí (Antioquia). La Fiscalía presentó de nuevo la secuencia del operativo y destacó el material incautado.

“Integrantes del autodenominado Estado Mayor de bloques y frentes de las disidencias de las Farc, en la que transitaba Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar, Diana Carolina Rey Rodríguez, María Alejandra Ojeda Londoño, Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver y Édgar de Jesús Ortega, alias Firu, fueron incautados computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos”, se lee en el documento.

Información que el medio ya había expuesto y que, tras hacerse pública y generar reclamos de líderes políticos, llevó a que estos exigieran que la fiscal General asumiera responsabilidad por la falta de reacción oportuna. Ahora la apertura de la investigación ocurre después de la presión ejercida por la divulgación de los hallazgos y las críticas sobre la ausencia de acción institucional.

La Fiscalía aseguró que los dispositivos entraron en cadena de custodia, que pasaron por legalización judicial y que equipos forenses practicaron extracción y análisis: “Sometido a cadena de custodia el material incautado, este fue debidamente legalizado ante los jueces de la República y dos equipos forenses adscritos a la Dijín de la Policía Nacional se encargaron de realizar el proceso de extracción y análisis de la información digital, emitiendo cinco informes técnicos, el último de los cuales se presentó el pasado 26 de junio a la fiscal especializada contra las organizaciones criminales con sede en Medellín que ha tenido a su cargo la investigación por estos hechos”.

La Fiscalía reveló la manera en que manejaron la información, tras los señalamientos de una presunta omisión

La Fiscalía indicó que el cruce de datos avanzó por orden de la fiscal delegada desde el 24 de septiembre —a manera de desmentir que no habían hecho esfuerzos para indagar en el caso—. La entidad expresó que aún revisa una cantidad amplia de información, motivo por el cual la institución no ofreció conclusiones sobre eventuales responsabilidades.

En la carta se resaltó: “A la fecha, continúa en verificación la gran cantidad de información hallada”. Camargo afirmó que los elementos decomisados permitieron procesos judiciales contra 28 integrantes del frente 36 de las disidencias en Antioquia y explicó el estado penal de tres miembros de la caravana.

Uno de los puntos más fuertes del comunicado apuntó a la ausencia de información en los niveles superiores de la entidad durante el último año y medio. La fiscal Camargo afirmó que ninguna dependencia en Bogotá recibió reportes o copias de los hallazgos. En el documento se lee: “Ni el Despacho de la Fiscal General de la Nación, ni ninguna otra dependencia de la entidad (...) recibió durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia”.

“La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, dispuso la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada en el impulso de líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales”, se lee en el documento de tres páginas.

Lejos de alejarse de la polémica generada por la divulgación de la información a través del medio de comunicación y no por las autoridades, ellos defendieron lo ocurrido, al señalar que aún no era el momento adecuado para hacer públicos los datos y que revelar la información podría afectar negativamente la investigación: “Resulta alarmante que su contenido hubiera trascendido públicamente, en clara violación del principio de reserva que rige las actuaciones penales”.

El texto cerró con una defensa de la autonomía de los fiscales delegados y con una advertencia sobre la importancia de la reserva legal: “Los fiscales delegados actúan con autonomía en el ámbito de sus facultades y (...) la información se gestiona bajo estrictos protocolos de reserva legal para proteger la eficacia de las actuaciones y la integridad de la evidencia”.

Cabe destacar que el informe periodístico no solo reveló la presunta relación del EMC con funcionarios, también el posible envío de recursos a la campaña de Gustavo Petro en 2022, al parecer, mediante la actual vicepresidenta Francia Márquez.