
La violencia basada en género (VBG) continúa siendo uno de los desafíos sociales más graves en Colombia, con cifras que evidencian la magnitud de la problemática y exigen respuestas urgentes.
En el contexto de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, organizaciones de la sociedad civil y entes estatales han llamado la atención sobre la crisis nacional, definiendo la situación como una verdadera emergencia humanitaria.
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Durante los primeros nueve meses de 2025, el Observatorio de Feminicidios reportó un total de 621 feminicidios en el país. De ellos, 71 correspondieron a mujeres afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, resaltando un ensañamiento dirigido por razones de origen étnico. Frente a estos números, World Vision advirtió que la violencia de género requiere respuesta multisectorial de carácter inmediato, debido a su impacto devastador en las comunidades y su carácter estructural.
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La gravedad del fenómeno se extiende a otros tipos de VBG. De acuerdo con un informe de la Fundación Plan Internacional, entre 2010 y 2023 se registraron 532.647 víctimas de delitos sexuales en todo el territorio colombiano; más del 81% de estas víctimas fueron mujeres. En el mismo periodo, se documentaron 1.245.345 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales tres de cada cuatro víctimas son mujeres, lo que ratifica el predominio de la violencia en el ámbito doméstico.
Las menores de edad enfrentan particular riesgo. Según estimaciones de la misma organización, al menos una de cada cuatro adolescentes ha sufrido violencia por parte de su pareja o expareja, lo que perpetúa ciclos de abuso desde edades tempranas y se agrava en contextos donde la justicia es de difícil acceso y la revictimización persiste como la regla.
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Los obstáculos que enfrentan las víctimas de la VBG en Colombia siguen siendo profundamente estructurales: dificultades para acceder a instancias judiciales, falta de mecanismos de protección inmediata, trámites prolongados y capacidad institucional insuficiente. Las carencias se agravan en zonas rurales o con presencia de actores armados, donde las barreras se vuelven insalvables, en particular para niñas, adolescentes y mujeres con identidades de género diversas.

“La violencia basada en género es una emergencia nacional. Contribuir a su eliminación impacta desde lo personal hasta lo estructural, reduciendo la pobreza y la desigualdad”, señaló Daniela Esguerra, líder de Género e Inclusión Social de World Vision Colombia. Para enfrentar la crisis, especialmente en territorios rurales y de conflicto armado, la organización ha implementado estrategias de identificación temprana y ha activado rutas de atención en conjunto con entidades gubernamentales.
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Iniciativas como las mesas técnicas y la implementación del modelo “Crianza con Ternura” buscan detectar señales de violencia y desmontar patrones de abuso dentro de los hogares, evitando que estas situaciones deriven en hechos fatales.
De forma paralela, World Vision participa en procesos de incidencia política junto a instituciones estatales y actores de la sociedad civil, promueve el fortalecimiento de políticas públicas, impulsando la movilización social tanto a nivel local como nacional y potenciando la participación de niñas, niños y adolescentes frente a tomadores de decisiones. El objetivo central es erradicar la VBG, cerrar brechas de desigualdad y avanzar hacia una inclusión social efectiva.
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Estrategias en Bogotá para enfrentar las violencias de género
Paralelamente, en Bogotá, la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de la Mujer lideraron la conmemoración del 25N con actividades y anuncios enfocados en la prevención y atención integral. Entre enero y octubre de 2025, la administración distrital brindó 329.562 atenciones a mujeres, de las cuales 196.000 correspondieron a situaciones relacionadas con violencia de género, lo que demuestra la urgencia de ampliar la cobertura y la respuesta institucional en los territorios de la ciudad.
El alcalde Carlos Fernando Galán presentó nuevas acciones para robustecer la atención y protección de las mujeres. Una de las principales medidas fue la apertura de la octava Ruta Integral para Mujeres en la Casa de Justicia de Usme, donde se ofrece orientación jurídica, atención psicosocial, activación de rutas, protección y articulación con organismos como la Fiscalía, la Policía Nacional, el Instituto de Medicina Legal y el Icbf. Esta acción se suma a siete puntos existentes y representa una apuesta por acercar servicios integrales a las zonas con mayor demanda.
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Se lanzó, además, la operación de los Buses del Cuidado: unidades móviles dotadas con duplas psicojurídicas que llevan servicios gratuitos a barrios y zonas rurales de Usme, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Tunjuelito, Bosa y Kennedy. Estos vehículos responden a la dificultad histórica de acceso a servicios de protección y orientación en sectores periféricos de la capital.

Según datos oficiales, solo entre enero y septiembre de 2025, se realizaron 14.332 atenciones por violencias contra las mujeres en las Manzanas del Cuidado. El distrito también anunció la ampliación de las Comisarías de Familia, que pasarán de 52 a 57 equipos, ampliando su cobertura y extendiendo los horarios de atención de 7:00 a. m. a 11:00 p. m. en localidades con alta demanda como Usme, Tunjuelito, Suba, Puente Aranda y Bosa.
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Una de las estrategias destacadas es la consolidación de la red Redes Seguras para la Prevención de Violencias contra las Mujeres, en la que más de mil colaboradores del sector privado han sido formados y que ha habilitado decenas de puntos de información sobre rutas de atención en supermercados, proyectos habitacionales y espacios públicos. El 25N la estrategia se expandió a nuevas tiendas y puntos comerciales, ampliando el alcance a Teusaquillo y diez localidades más.
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