La representante a la Cámara Angélica Lozano consideró que es “razonable y considerada medida de la justicia con las víctimas de Mancuso”, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara al exjefe paramilitar que no podía vivir en Montería, ni desplazarse por otros ocho departamentos en los que tuvo influencia delictiva.
Adicionalmente a este reconocimiento a la determinación del alto tribunal, Lozano, que es opositora al gobierno del presidente Gustavo Petro, le pidió que le retirara el rótulo de “gestor de paz”.
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“Presidente @petrogustavo quítele la condición y privilegio de ‘gestor de paz’. Es una ofensa para las víctimas de los paramilitares y para la sociedad”, agregó Lozano.
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Corte Suprema impide a Salvatore Mancuso residir en Córdoba y otros territorios con historial de victimización paramilitar: esta es la medida
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó la prohibición de ingreso y residencia para Salvatore Mancuso en regiones como Córdoba y otros departamentos donde ejerció dominio paramilitar, medida que responde de forma directa a las demandas de múltiples comunidades afectadas por crímenes cometidos bajo su liderazgo.
La determinación judicial se adoptó por unanimidad en la Sala Penal.
La restricción impuesta al excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) abarca aquellos territorios en los que se registraron graves violaciones de derechos humanos, entre ellos desplazamientos forzados y asesinatos masivos.
La decisión sostiene que Mancuso solo podrá ingresar a estas zonas mediante expresa autorización judicial o en casos de participación en actos de perdón debidamente reglamentados.
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El fallo del alto tribunal desestimó los argumentos de Mancuso. El exjefe paramilitar había alegado arraigo en Montería y expresó preocupación por la imposibilidad de reunirse con su familia, planteando que la medida constituía un “destierro” indefinido.
La Sala Penal consideró necesaria la decisión para prevenir nuevos riesgos de revictimización en los territorios afectados y subrayó que “para la Corte no existe un medio menos lesivo que permita conjurar los riesgos de la revictimización de las comunidades que habitan en los lugares en los que se desarrollaron los vejámenes por los cuales están siendo procesados los postulados”, según el documento citado por W Radio.
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En su defensa, Mancuso sostuvo que la garantía de no repetición no exige evitar todo contacto entre víctimas y victimarios, sino impedir hechos criminales futuros. Pese a este argumento, el tribunal enfatizó que la protección de los derechos de las víctimas es prioritaria durante el proceso de Justicia y Paz.
La trayectoria de Salvatore Mancuso al frente de bloques como el Catatumbo consolidó su liderazgo dentro de las estructuras paramilitares durante años de conflicto. El proceso de Justicia y Paz procura la reparación integral para quienes sufrieron violencia y busca fortalecer garantías efectivas de no repetición.
“Los derechos de reintegración de los postulados nunca pueden ser absolutos frente al derecho superior de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación”, estableció el fallo difundido en redes sociales.
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En un desarrollo paralelo, Mancuso, que fue designado gestor de paz por el Gobierno nacional, se retractó de sus acusaciones públicas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el asesinato del exalcalde Eudaldo León Díaz.
Ante la Fiscalía General de la Nación, Mancuso presentó una propuesta de conciliación y afirmó: “No me consta que el doctor Álvaro Uribe Vélez hubiera participado en la lamentable acción criminal perpetrada por las AUC que acabó con la vida del señor Eudaldo León Díaz, exalcalde del municipio del Roble”-
En esa diligencia, Mancuso ofreció disculpas públicas a Uribe, y reconoció el impacto de sus declaraciones como compareciente ante la justicia transicional y manifestando su voluntad de evitar mayores afectaciones al buen nombre del exmandatario.
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La decisión judicial y la retractación pública ilustran el escenario complejo que rodea la reconciliación nacional y el proceso de justicia transicional en Colombia, donde la reparación de las víctimas y la garantía de no repetición siguen siendo ejes centrales de la agenda institucional.
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