Multinacional italiana Leonardo tiene otro rol con el Gobierno, a pesar del conflicto que tiene con el helicoptero del presidente, seguirá operando

El reciente conflicto entre Gustavo Petro y la empresa italiana Leonardo puso en primer plano la compleja relación entre la Casa de Nariño y este grupo multinacional, que va mucho más allá del mantenimiento del helicóptero presidencial.

Mientras la atención pública se centró en la suspensión del soporte técnico a la aeronave oficial, el alcance de Leonardo en Colombia abarca áreas estratégicas como la ciberseguridad, con acuerdos vigentes que involucran a la Presidencia y organismos internacionales.

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La controversia se desató cuando Leonardo Helicopters, filial con sede en Filadelfia, Estados Unidos, comunicó la suspensión temporal del contrato de mantenimiento del helicóptero presidencial, citando las sanciones impuestas por Estados Unidos a Gustavo Petro tras su inclusión en la lista Ofac.

En una carta dirigida al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del grupo técnico Catam, la empresa notificó: “(Leonardo) debe suspender temporalmente todas las actividades relacionadas con el soporte del helicóptero S/N 319000”.

Esta decisión, motivada por la exposición de la filial estadounidense a sanciones si mantenía relaciones comerciales con el Gobierno colombiano, generó una reacción inmediata y airada del presidente Petro.

A través de la red social X, el mandatario acusó a Leonardo de haber “ofendido” a Colombia, anunció la intención de iniciar acciones legales y solicitó al “movimiento democrático italiano” que investigue y debata la actuación de la empresa, pese a que dicha agrupación política ya no existe.

Mientras tanto, la compañía informó que está gestionando una licencia ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para reanudar el contrato y continuar colaborando con la Fuerza Aérea.

Las dificultades no se limitaron al helicóptero: durante el reciente viaje presidencial a Arabia y Catar, el avión oficial enfrentó problemas para abastecerse de combustible en Cabo Verde debido a la negativa de varias empresas, lo que evidencia el impacto de las sanciones en la logística gubernamental.

La relación entre Leonardo y Colombia no es reciente. Con oficinas principales en Roma y presencia en países como Polonia, Estados Unidos y Reino Unido, la empresa tiene una trayectoria que se remonta a la década de los cuarenta, cuando formaba parte de un conglomerado estatal italiano.

Tras un proceso de privatización entre los años noventa y los 2000, en 2017 adoptó el nombre actual, dejando atrás la denominación Finmeccanica. Hoy, Leonardo opera en ocho áreas de negocio: fabricación de helicópteros, aviones, aeroestructuras, aeronaves no tripuladas, desarrollo de tecnología espacial, soluciones de seguridad cibernética, electrónica y defensa. Según sus estados financieros de 2023, la compañía registró ingresos por 15.300 millones de euros y empleó a más de 50.000 personas en operaciones que abarcan 150 países.

El vínculo con la Presidencia de Colombia se consolidó en octubre de 2024, cuando el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) firmó un memorando de entendimiento con Leonardo para recibir asesoría en ciberseguridad.

El documento, publicado el 7 de enero por el Dapre, establece que la multinacional apoyará a la entidad en el fortalecimiento de sus capacidades para controlar y proteger la información bajo su responsabilidad.

Los memorandos de entendimiento, a diferencia de los contratos formales, no generan obligaciones legalmente vinculantes ni costos directos entre las partes.

Así lo estipula el acuerdo: no existe ninguna “Obligación legalmente vinculante” ni costo alguno que pueda ser cobrado de una parte a la otra. No obstante, las acciones y herramientas que surjan de la asesoría sí tendrán un costo, que podría ser financiado por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento.

El memorando define dos ejes principales de colaboración: el intercambio de información técnica —incluyendo incidentes de seguridad, buenas prácticas y datos sobre sistemas y redes— y la asesoría en el desarrollo de proyectos.

Entre estos proyectos figuran capacitaciones en seguridad digital, acompañamiento en la creación de la Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, y apoyo en la elaboración de estrategias para el procesamiento de imágenes satelitales destinadas al monitoreo de actividades de impacto ambiental o de seguridad.

Además, se especifica que Leonardo brindará respaldo en la formulación de estrategias para la creación de satélites, estaciones terrestres y sistemas asociados.

Respecto a la Agencia de Seguridad Digital, el memorando señala que el Gobierno colombiano “está discutiendo” alternativas para su creación y que la experiencia de Leonardo resulta fundamental para definir la mejor estrategia.

El intento más reciente para establecer esta entidad fue el proyecto presentado por el Ministerio de las TIC en 2023, cuyo trámite permanece estancado en el Congreso. La agencia tendría la misión de coordinar las estrategias de ciberseguridad para enfrentar los intentos de ataques que, según el MinTIC, alcanzaron 20.000 millones en 2022.

El acuerdo con Leonardo tiene una vigencia inicial de cinco años, hasta octubre de 2029. En paralelo, el gobierno de Gustavo Petro firmó en el último año otros seis memorandos con empresas tecnológicas: Xertica, Balwart, Amazon Web Services, Hughes, Hispasat y Astranis.

A pesar de la tensión generada por la suspensión del mantenimiento del helicóptero y el malestar expresado por el presidente, el memorando de entendimiento entre la Presidencia y Leonardo permanece vigente, aunque la incertidumbre persiste debido a los conflictos derivados de la inclusión de Petro en la Lista Clinton.