General (r) Mauricio Santoyo explicó ante la justicia de Estados Unidos la razón por la que aceptó haber tenido nexos con paramilitares

El general retirado Mauricio Santoyo, quien fuera comandante del Gaula de la Policía en Medellín entre 1997 y 2001, expuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) las razones que lo llevaron a aceptar cargos en Estados Unidos por su colaboración con grupos paramilitares, al tiempo que subrayó las diferencias entre el proceso judicial estadounidense y las exigencias de verdad que enfrenta actualmente en Colombia.

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En 2012, un juez del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, sentenció a 13 años de prisión a Santoyo, luego de que este admitiera su responsabilidad en una alianza criminal con estructuras paramilitares que operaban en la región de Antioquia.

El acuerdo judicial incluyó la aceptación de cargos relacionados con operaciones conjuntas con estos grupos, las cuales derivaron en desapariciones forzadas de defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y líderes sociales.

Durante su comparecencia ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, Santoyo relató que su decisión de aceptar los cargos en Estados Unidos respondió a la recomendación de su abogado, que le advirtió sobre el panorama judicial adverso que enfrentaba. El general en retiro explicó que, aunque su intención inicial era someterse a juicio y presentar pruebas, optó por un acuerdo de culpabilidad para obtener una reducción de la condena.

Según sus palabras, “el proceso en Estados Unidos no fue un juicio, allá fue una negociación procesal. Mi caso se resolvió bajo el mecanismo que domina más del 90% del sistema penal federal, el acuerdo de culpabilidad”.

Santoyo detalló que este procedimiento, regulado por la regla 11 de la Federal Rules Criminal Procedure, no contempla la búsqueda de una verdad histórica exhaustiva, sino la resolución eficiente del caso.

“Eso significa que no hubo juicio, no hubo contradicción de testigos, no hubo etapa probatoria, no hubo presentación de víctimas, no hubo reconstrucción histórica completa de hechos. La decisión se tomó bajo la regla 11 de la Federal Rules Criminal Procedure, un mecanismo procesal que no busca verdad histórica, sino la resolución eficiente del caso”, afirmó el oficial en retiro.

Al responder a las preguntas del magistrado Pedro Elías Díaz, Santoyo insistió en que el sistema estadounidense solo exige que el acusado comprenda lo que está firmando y que exista una base mínima para sostener la acusación en abstracto.

“El juez solo verifica dos cosas, que yo entiendo lo que estoy firmando o verifica que uno entiende lo que está firmando. Sí, yo entiendo lo que estoy firmando, pero que existe una base mínima para declarar que un delito en abstracto puede sostenerse. No se exige narración detallada, no se exigen fechas exactas, no se identifican víctimas, no se prueba cada hecho, no existen hechos específicos con circunstancias de tiempo, modo y lugar”, explicó.

El general en retiro subrayó que la declaración de hechos presentada en el proceso estadounidense fue elaborada únicamente para cumplir con los requisitos mínimos de tipicidad penal, sin identificar víctimas, fechas exactas ni secuencias temporales.

“Por eso, lo afirmo con toda serenidad, el sistema estadounidense nunca produjo la verdad detallada que de pronto se espera acá o que se cree o que creen que uno tiene. La declaración de hechos es un documento redactado para satisfacer el requisito mínimo de tipicidad. Describe hechos genéricos, señor magistrado, no identifica víctimas, no identifica fechas exactas, no establece secuencias temporales, o sea, no atribuye nombres”, manifestó durante la audiencia en la sede central de la JEP.

Santoyo recalcó que el documento firmado en Estados Unidos fue concebido para cerrar un acuerdo procesal, no para esclarecer la totalidad de los hechos. “Es un documento construido para cerrar un acuerdo, no para explicar la totalidad de los hechos. Por eso hoy para mí es imposible ampliarlo con detalles que nunca existieron en el proceso original. Aquí, señor magistrado, me preguntan y me dicen qué hechos específicos, pero como le digo, no hay hechos específicos, señor magistrado”, puntualizó.

En su intervención, el excomandante del Gaula insistió en la ausencia de información detallada en el expediente estadounidense: “Señor magistrado, allá nunca, nunca en el expediente quedaron identificadas víctimas, no hay fechas exactas, no hay actos individualizados, no hay pruebas forenses o testimoniales, no hay planos de, no hay documentos, no hay reconstrucción de contexto”.

Tras exponer estas consideraciones, Santoyo solicitó la revisión de su situación jurídica, recordando que lleva seis años y medio privado de la libertad. Esta petición se produce en medio de los reclamos persistentes de las víctimas de desaparición forzada, quienes le exigen que aporte toda la verdad sobre los hechos investigados.

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