La reacción de la cantante Adriana Lucía ante el reciente bombardeo en Guaviare, que terminó con la vida de 15 menores de edad el 15 de noviembre, generó debate público y político en Colombia.
La artista, reconocida tanto por su trayectoria musical como por su activismo social, exigió respuestas directas al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificando el hecho como “inaceptable” y reclamando que ambos funcionarios asuman su responsabilidad frente a la tragedia.
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A través de sus redes sociales, Adriana Lucía expresó su profunda indignación por la operación militar realizada por las Fuerzas Militares en Guaviare contra las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco. Según la Defensoría del Pueblo, en ese operativo murieron niños y adolescentes que habían sido víctimas de reclutamiento forzado.
La artista señaló que los menores de edad deben estar protegidos de la violencia y que el Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad. En palabras de la cantante: “Los menores que murieron en el bombardeo jamás debieron morir, como tampoco debieron ser reclutados y es el Estado quien debe garantizar que así sea”.
La artista, quien en otras ocasiones ha manifestado su apoyo al actual Gobierno, calificó lo sucedido como un hecho triste y reiteró que los niños afectados son víctimas tanto del reclutamiento forzado como de la acción estatal.
“Es muy triste lo ocurrido en el Guaviare. Son niños víctimas de reclutamiento y víctimas del Estado”, afirmó Adriana Lucía.
En una publicación posterior, la compositora elevó el tono de su reclamo y exigió que tanto el presidente como el ministro de Defensa respondan públicamente por lo ocurrido. “El ministro de defensa y el presidente deben responder por este hecho tan indignante”, escribió la cantante. Sumó a su mensaje una cita del pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo: “El principio de humanidad debe prevalecer por encima de la guerra”.
La postura de Adriana Lucía adquirió relevancia por su historial de activismo y por haber sido objeto de críticas y amenazas en el pasado debido a sus opiniones sobre temas políticos y sociales. A pesar de ello, la cantante ha mantenido su compromiso de visibilizar situaciones que afectan a la sociedad colombiana, incluso cuando esto implica confrontar directamente a las autoridades.
La controversia se intensificó tras la respuesta del presidente Gustavo Petro, quien defendió la operación militar y negó que se hubiera violado el principio de distinción entre combatientes y civiles.
El mandatario aseguró que el grupo guerrillero atacado estaba compuesto únicamente por combatientes y que no tenían conocimiento de la presencia de menores en el lugar. Además, Petro afirmó que las disidencias de las Farc recurren al reclutamiento de menores como estrategia de protección para sus mandos. “Estos grupos creen que reclutando niños protegen a sus mandos y capos. Esa creencia debe evaporarse”, manifestó.
También sostuvo que continuará autorizando este tipo de operaciones cuando considere que pueden salvar más vidas de las que se ponen en riesgo. “Esta vez protegimos soldados, siempre buscaré que se minimicen sus muertes, pero la lucha es por una Colombia libre para todas y todos”, añadió el presidente.
Por bombardeos en los que murieron al menos 15 menores de edad, Procuraduría abrió investigaciones
La Procuraduría General de la Nación inició cinco investigaciones disciplinarias tras la muerte de al menos 15 menores de edad en bombardeos militares registrados durante operativos contra disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare y otras regiones de Colombia, según reportes oficiales.
La acción disciplinaria llega después de las cifras confirmadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Defensoría del Pueblo, instancias que documentaron las víctimas fatales como resultado de ataques aéreos entre el 15 y el 17 de noviembre.
Según informó Noticias RCN, la noche del 17 de noviembre Medicina Legal reportó que el número de menores muertos ascendió a quince, una cifra que genera alarma en el país por la magnitud del reclutamiento forzado y la vulnerabilidad de niños y adolescentes en zonas de conflicto.
Frente a estos hechos, el procurador delegado Néstor Ozuna tiene previsto viajar al área afectada con el objetivo de recopilar material probatorio y esclarecer si la Fuerza Pública actuó conforme a los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Parte de la tarea institucional será determinar si los mandos militares sabían de la presencia de menores en los campamentos atacados, así como establecer el grado de vinculación de los adolescentes fallecidos con el conflicto.
La Procuraduría subrayó la ausencia de cualquier justificación para la participación de menores en el conflicto armado y calificó esa práctica de “delito infame” con consecuencia de daños irreparables. El organismo recalcó que “los colombianos no toleramos que los criminales arrebaten de ese modo aleve la vida de nuestros hijos y nietos” y remarcó que ni jurídica ni socialmente existen excusas para amnistiar ese crimen.
“El Ministerio Público reconoce la difícil labor y los sacrificios de las Fuerzas Militares en la defensa de la seguridad nacional y exhorta a continuar su misión dentro de los más altos estándares éticos y jurídicos, en armonía con la protección de la vida humana y la dignidad de las víctimas”, expresó la Procuraduría. Además, aseguró que las investigaciones se adelantarán “con serenidad, imparcialidad y rigor” y que se impondrán sanciones disciplinarias si se comprueban irregularidades.
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