Fernando Ruiz alerta que Nueva EPS podría convertirse en “una EPS zombi” tras decisión del Gobierno en Colombia

Las advertencias sobre el futuro inmediato de la Nueva EPS tomaron fuerza tras la publicación de una columna del exministro de Salud Fernando Ruiz en Revista Semana, donde planteó un panorama crítico luego de que el Gobierno anunciara la adquisición de la mayoría accionaria de la entidad.

En su análisis, el exfuncionario expuso inquietudes sobre el manejo financiero, los efectos de la intervención prolongada y el rumbo que podría tomar el asegurador de salud más grande del país.

Ruiz subrayó que la combinación entre el déficit acumulado, la falta de decisiones estructurales y el control directo del Ejecutivo puede derivar en una entidad funcionalmente vaciada, dependiente de giros limitados y con un riesgo creciente para los pacientes.

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El exministro señaló que las cajas de compensación, que hasta ahora mantenían mayoría en la propiedad, venían cargando las consecuencias de una intervención con múltiples cambios de mando, lo que, según su lectura, afectó la capacidad de gestión y provocó un deterioro sostenido.

En la columna, recordó que los interventores de la Nueva EPS se han sucedido rápidamente y que uno de ellos incluso pasó a dirigir la Superintendencia de Salud, lo que motivó la designación de una superintendente ad hoc.

A partir de esa secuencia, planteó que la responsabilidad de la situación actual se traslada de manera directa al Gobierno, que asume el control pleno y las obligaciones financieras derivadas.

Ruiz citó cifras del informe más reciente de la Contraloría General, indicando que la diferencia entre los ingresos mensuales reconocidos a la entidad y los costos facturados podría elevar el déficit de 2025 a varios billones de pesos. Además, recordó que dicha brecha coincide con un aumento significativo en las tutelas por atención en salud, documentado por la Defensoría del Pueblo. El exministro enfatizó que ambos reportes muestran un deterioro acelerado que coincide con el periodo en el que la intervención estuvo bajo administración estatal, lo que incrementa la incertidumbre sobre la viabilidad operativa del asegurador.

En la columna, el exministro se preguntó de dónde saldrían los recursos necesarios para recapitalizar la entidad, considerando que el Gobierno no cuenta con una reforma tributaria aprobada y afronta presiones fiscales adicionales por devoluciones pendientes de renta. Mencionó igualmente que las cajas de compensación, ahora minoritarias, tendrían que evaluar si pueden contribuir a una eventual capitalización, algo que, según expuso, genera más dudas que certezas. Dentro de su planteamiento, advirtió que la ausencia de una respuesta clara sobre el origen de los fondos agrava el riesgo de que la entidad entre en una fase de debilitamiento acelerado.

Ruiz describió un escenario en el que la Nueva EPS podría ser usada con fines operativos limitados, mientras funciones esenciales pasarían a manejarse desde otras instancias estatales. De acuerdo con su visión, el asegurador podría quedar reducido principalmente a un papel financiero mientras los giros directos se ajustan a niveles insuficientes para cubrir las obligaciones con hospitales y proveedores. El exministro sostuvo que ese modelo generaría una ampliación de la cartera vencida, provocaría restricciones en la prestación de servicios y afectaría de manera directa a los usuarios que requieren atención continua.

También mencionó los problemas registrados en el sistema de salud de los maestros, administrado por la Fiduprevisora bajo un esquema similar de manejo centralizado, para advertir que los resultados allí obtenidos no ofrecen una perspectiva alentadora para el caso de la Nueva EPS. En su columna, recalcó que la experiencia acumulada en ese modelo demuestra que centralizar la gestión sin un ajuste estructural dificulta la administración del riesgo en salud. A partir de ese antecedente, insistió en que la transición actual podría ampliar los problemas existentes en lugar de resolverlos.

Ruiz cerró su análisis alertando sobre las consecuencias que, en su concepto, tendría la combinación entre déficit financiero, intervención prolongada y decisiones recientes del Ejecutivo. Desde su perspectiva, el país podría enfrentar un deterioro simultáneo tanto en la mayor aseguradora del sistema como en otras entidades públicas de relevancia estratégica. El exministro concluyó que la incertidumbre financiera y operativa obliga a examinar a fondo las decisiones adoptadas y sus implicaciones para millones de usuarios en todo el territorio nacional.