Al menos 25 menores de edad han muerto en Colombia desde 2019 como resultado de siete bombardeos militares ordenados por los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro contra grupos armados ilegales.
Estos hechos han generado una controversia nacional e internacional, cuestionando la política de seguridad de ambos mandatarios y reavivando el debate sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario en el país.
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El episodio más reciente y grave ocurrió el 10 de noviembre de 2025, cuando siete adolescentes murieron durante un bombardeo en Guaviare. Según el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Ariel Cortés Martínez, solo durante la administración de Petro han fallecido 15 menores en estas operaciones, mientras que el recuento total desde 2019 suma al menos 25 víctimas infantiles.
La polémica se intensificó al conocerse que, pese a las críticas que Gustavo Petro había hecho a este tipo de acciones durante su etapa como congresista, su gobierno ha autorizado al menos cuatro bombardeos en los que se ha confirmado la muerte de menores.
Bombardeos en Colombia: recuento cronológico y cifras
El recuento de estos operativos inicia el 29 de agosto de 2019, bajo la presidencia de Iván Duque y la dirección del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero. Ese día, en San Vicente del Caguán (Caquetá), un bombardeo contra campamentos del antiguo Frente Séptimo de las Farc coincidió con el anuncio del regreso a las armas de varios exjefes guerrilleros.
En la operación murieron tres menores, hecho que no fue informado inicialmente por el ministro Botero y que, tras la denuncia del personero de Puerto Rico (Caquetá), derivó en una moción de censura en el Congreso y la posterior renuncia del ministro.
El 2 de marzo de 2021, ya con Diego Molano al frente del Ministerio de Defensa, el gobierno de Duque ordenó un ataque en Calamar (Guaviare) contra las disidencias lideradas por alias Gentil Duarte. En esa acción murió una menor de 16 años. Molano defendió la operación argumentando que los menores fallecidos eran “máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana”.
Un nuevo bombardeo, el 16 de septiembre de 2021 en el Litoral de San Juan (Chocó), también bajo la administración de Duque y la dirección de Molano, dejó cuatro menores muertos. Estos hechos, sumados a los anteriores, incrementaron la presión política sobre el gobierno y sus responsables de defensa.
Con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, la política de bombardeos continuó. El 23 de agosto de 2025, en la vereda Nueva York del municipio de El Retorno (Guaviare), un operativo contra las disidencias de alias Iván Mordisco resultó en la muerte de ocho personas, de las cuales tres eran menores de edad.
Posteriormente, el 1 de octubre de 2025, un bombardeo en Puerto Santander (Amazonas) dejó cuatro menores muertos, según confirmó Medicina Legal.
El 10 de noviembre de 2025, una operación en Calamar (Guaviare) dirigida contra miembros de las disidencias de Iván Mordisco culminó con la muerte de 20 personas, entre ellas siete menores.
Este hecho desató una oleada de críticas y abrió investigaciones por parte de la Procuraduría y la Justicia Penal Militar y Policial, además de poner al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en la mira de una moción de censura en el Congreso.
El 13 de noviembre de 2025, en la vereda La Esmeralda de Puerto Rondón (Arauca), otro bombardeo ordenado por Petro dejó ocho muertos, incluyendo una menor de edad. En este caso, no se precisó si el objetivo eran las disidencias de las Farc o el Frente de Guerra Oriental del ELN, ambos presentes en la región.
Reacciones institucionales y debate sobre el Derecho Internacional Humanitario
Las reacciones institucionales no se hicieron esperar. La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha sido una de las voces más críticas, exigiendo la suspensión de bombardeos en lugares donde se tenga conocimiento de la presencia de menores reclutados.
Marín ha instado al Gobierno a evaluar la continuidad de estas operaciones y ha dirigido su rechazo también a los grupos armados ilegales, en particular a las disidencias de “Iván Mordisco”, señaladas como principales responsables del reclutamiento forzado de menores.
Solo en 2024, la Defensoría del Pueblo registró 463 casos de niños, niñas y adolescentes reclutados, de los cuales 170 se atribuyen al Estado Mayor Central de las Disidencias. De estos menores, 279 son hombres y 184 mujeres; al menos 230 pertenecen a comunidades indígenas y 30 son afrocolombianos. El departamento del Cauca encabeza la lista con 325 casos.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia y sectores de la oposición también han advertido que estos bombardeos pueden constituir infracciones al Derecho Internacional Humanitario, al vulnerar los principios de necesidad militar, precaución y humanidad, así como la prevalencia de los derechos de la infancia.
El reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales sigue siendo un problema estructural en Colombia, agravando la vulnerabilidad de la infancia en zonas de conflicto. La Defensoría del Pueblo ha exigido la liberación inmediata y sin condiciones de todos los menores reclutados y la suspensión de esta práctica por parte de los actores armados.
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