En la mañana del sábado 15 de noviembre de 2025 se dio a conocer una noticia que reavivó uno de los temas más sensibles del conflicto armado: siete menores de edad murieron en un bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento de las disidencias de las Farc en zona rural de Calamar, en El Guaviare.
La confirmación, dada a conocer por Medicina Legal, provocó una inmediata ola de reacciones políticas, jurídicas y sociales que hoy mantienen al Gobierno de Gustavo Petro en el centro de una intensa controversia.
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El operativo, dirigido contra un reducto de las estructuras comandadas por alias Iván Mordisco, fue presentado por el Ministerio de Defensa como un golpe estratégico contra un grupo responsable de extorsiones, reclutamiento forzado y ataques a la fuerza pública.
No obstante, el hallazgo de cuerpos de menores entre las víctimas desató cuestionamientos sobre la planificación de la operación, la calidad de la inteligencia previa y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Uno de los pronunciamientos más contundentes provino del sargento en retiro Alexander Chala, que cuestionó duramente la actuación del Gobierno de Gustavo Petro y exigió responsabilidades políticas.
En declaraciones a Infobae Colombia, Chala señaló que el presidente debería “exigir la renuncia del ministro de inmediato”, haciendo referencia al titular de la cartera de Defensa, Pedro Sánchez.
El militar retirado argumentó que el Gobierno nacional mantiene un discurso firme frente a violaciones de derechos humanos en otros contextos, pero —según él— muestra contradicciones cuando las mismas situaciones ocurren dentro del país.
“Hemos presenciado un discurso centrado en la defensa de Palestina y el rechazo al magnicidio de miles de niños en Gaza, causado por bombardeos de Israel”, afirmó Chala, recordando que en 2021 amplios sectores sociales se manifestaron contra el gobierno de Iván Duque y el entonces ministro Diego Molano tras otro bombardeo que dejó menores muertos.
“Salimos a las calles para expresar nuestro descontento; sin embargo, hoy muchos eligen guardar silencio frente a una situación similar. Ni siquiera Hollman Morris ha alzado la voz. ¿Acaso los contratos con el gobierno les imponen una mordaza y los transforman en un comité de aplausos, permitiéndoles manejar una doble moral?”, añadió.
Más allá de la crítica política, Chala insistió a Infobae Colombia en que un operativo de este tipo requiere una planeación minuciosa y basada en información precisa sobre la presencia de menores en las estructuras armadas.
“La inteligencia en el sector es fundamental; a partir de los informes se obtiene información sobre la composición de la estructura criminal. Es crucial determinar si hay menores involucrados, especialmente si han sido reclutados previamente en la zona”, explicó el exmiembro de la fuerza pública.
Según el sargento (r), un bombardeo no debe ejecutarse sin la certeza de que no habrá víctimas infantiles.
“La planificación debe hacerse con toda esta información y, antes de ejecutarlo, se debe priorizar la salvaguarda de la vida de estos niños, quienes son víctimas del conflicto. Si no se garantiza su protección, se estaría cometiendo un crimen de Estado”, aseguró.
Para el exmilitar, el Gobierno incurrió en una grave falta si tenía conocimiento previo de la presencia de menores en el campamento.
Chala también se refirió a las declaraciones del ministro Pedro Sánchez, que sostuvo que los menores reclutados pueden ser considerados parte de las estructuras enemigas cuando participan en actividades hostiles.
Para el exmilitar, esa postura no solo es errónea, sino contraria a los principios del DIH y a las obligaciones del Estado colombiano. “Un menor reclutado por un grupo armado nunca pierde la protección del Estado. En su mayoría, estos niños son arrancados de sus núcleos familiares bajo amenazas y coerción”, señaló.
En el análisis de Chala, un Gobierno que no prioriza el rescate de menores y opta por operaciones letales revela una incapacidad preocupante.
“Un gobierno que no busca la manera de rescatarlos del conflicto armado y, en cambio, opta por asesinarlos con bombardeos, demuestra una alarmante incapacidad para abordar y resolver una problemática que es esencialmente social y no militar”, enfatizó Chala.
La posición de este sujeto, además, cuestiona el enfoque de las políticas de seguridad actuales, que —a su juicio— privilegian resultados operacionales sobre la protección de la niñez.
“La tentación de llenar estadísticas en una hoja de cálculo asesinando niños es mucho más fácil que implementar políticas públicas efectivas para sacarlos de esta situación de conflicto”, finalizó, haciendo referencia a la presión que, asegura, existe dentro de las Fuerzas Militares para mostrar resultados cuantificables.
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