Los municipios de Acandí y Riosucio, en el departamento de Chocó, fueron epicentro de los primeros avances del acuerdo pactado entre el Gobierno colombiano y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido como Clan del Golfo.
Uno de los primeros puntos cumplidos entre las partes, teniendo en cuenta los compromisos asumidos en septiembre en Doha, Catar, fue la conformación de los dos primeros grupos municipales de trabajo por la paz territorial, con el propósito de articular acciones concretas para transformar el territorio y disminuir los conflictos armados que han afectado históricamente a la región.
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La conformación de estos grupos representa una respuesta directa a la exclusión y la violencia persistente que denuncian las comunidades locales.
En el proceso participaron autoridades municipales, organizaciones campesinas, colectivos de mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes, población Lgbtiq+, empresarios, medios comunitarios y sectores culturales, quienes trabajarán en conjunto con delegaciones del Gobierno y del EGC.
Águeda Plata, delegada del Gobierno nacional en el proceso con el EGC, subrayó la naturaleza participativa de estos equipos, al afirmar que “son equipos participativos con toda la fuerza plural de los territorios para dinamizar el cumplimiento del acuerdo de Doha”.
A su vez, Plata destacó la disposición de las comunidades, señalando que “la gente está dispuesta, tiene voluntad; la gente quiere la paz y vivir tranquila, está expectante frente a todo lo que esto significa y todo lo nuevo que trae este proceso”.
Durante las sesiones inaugurales, las instituciones presentaron una serie de acciones orientadas a la protección integral de la niñez, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la justicia ambiental, el control de la migración irregular y la lucha contra las minas antipersonal. Estas medidas buscan responder a las necesidades más urgentes de la población y sentar las bases para una transformación sostenible del territorio.
La puesta en marcha de estos dos primeros grupos municipales, de un total de cinco previstos, junto con la presencia activa del Estado a través de diversas instituciones, constituye una muestra del compromiso y cumplimiento del Gobierno del Cambio con la paz territorial.
Qué dice el primer acuerdo entre el Gobierno y Clan del Golfo
El proceso de conversaciones socio jurídicas entre el Gobierno y el Clan del Golfo, considerado el grupo criminal de mayor tamaño y control territorial en Colombia, se formalizó el 18 de septiembre de 2025 en Doha, Qatar.
En esa ocasión, Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Ejecutivo, sostuvo un encuentro con Luis Armando Pérez Castañeda, conocido como alias Bruno, bajo la supervisión de un funcionario del Ministerio de Exteriores catarí.
El acuerdo quedó plasmado en un documento de dos páginas y estableció como área piloto cinco municipios: Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó). En estos territorios se desarrollará una fase de consolidación de confianza, con especial atención a la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.
La hoja de ruta acordada contempla también la creación de un programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en los cinco municipios seleccionados, que contará con apoyo técnico y alternativas productivas para las comunidades involucradas.
La articulación de estas iniciativas con instituciones nacionales busca sentar las bases para una transformación sostenible y la reducción de las economías ilegales que han alimentado el conflicto en la región.
Uno de los compromisos centrales es la gestión migratoria, que se desarrollará en coordinación con Migración Colombia. El plan contempla regular el tránsito de personas en la zona del Darién, reducir la vulnerabilidad de las comunidades fronterizas y evitar que los migrantes sean instrumentalizados por organizaciones armadas en su ruta hacia Centroamérica.
En el ámbito de la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos liderará proyectos productivos alternativos, acompañados de apoyo técnico, social y económico, con el fin de ofrecer alternativas sostenibles a las comunidades campesinas que dependen de economías ilegales, promoviendo la transición hacia actividades lícitas y el desarrollo rural.
En declaraciones a Blu Radio, Álvaro Jiménez subrayó que “el objetivo de esta fase es consolidar una presencia integral del Estado en los territorios más afectados por la violencia y sentar las bases de confianza necesarias para avanzar hacia una eventual desmovilización del grupo armado ilegal”
Por el momento, se desconoce la fecha en la que se realizarán un nuevo ciclo de diálogos en el país asiático.
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