La Fiscalía General de la Nación informó sobre la detención preventiva de tres personas acusadas de participar en un esquema internacional de trata de personas que habría explotado sexualmente a mujeres en Baréin, país del Medio Oriente.
De acuerdo con ese organismo, la operación se realizó de manera conjunta en Cali (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda), donde fueron capturados dos ciudadanos venezolanos y un colombiano.
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Los extranjeros, identificados por la Fiscalía General de la Nación como Keila Eddymar Strubinger Pelayo y Wluender Sneylbert Araque Rojas, junto con Enrique Quijano Ramírez, presuntamente contactaban a mujeres y les prometían apoyo económico y logístico para salir del país hacia Oriente Medio.
Las investigaciones establecen que, entre julio de 2023 y octubre de 2025, por lo menos tres jóvenes recibieron estas propuestas de traslado que resultarían en situaciones de explotación.
El expediente, presentado ante un juez de control de garantías, describe cómo los procesados ofrecían asumir los gastos de tiquetes, visados y desplazamiento para llevar a las víctimas supuestamente a Emiratos Árabes.
Sin embargo, el viaje culminaba en Baréin, donde otras personas vinculadas al grupo les retiraban sus pasaportes, aplicaban malos tratos y les imponían una deuda de 10.000 dólares, la cual debía ser cubierta mediante actividades sexuales forzadas.
“Las mujeres eran amenazadas con ser denunciadas ante las autoridades de ese país para que las capturaran y procesaran por prostitución”, precisó la Fiscalía General de la Nación.
Ante el juez, la Fiscalía General de la Nación imputó a los capturados por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir agravado, cargos que no admitieron.
El juez resolvió que los ciudadanos extranjeros fueran enviados a un centro carcelario, mientras que Quijano Ramírez cumplirá medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, el caso permanece bajo indagación y se adelantan acciones para determinar la responsabilidad de otros posibles involucrados en la red.
El organismo invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho relacionado con delitos de trata y explotación sexual, reiterando su compromiso con la protección de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas.
Colombia avanza en la lucha contra la trata de personas
El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó el “Informe sobre la Trata de Personas” correspondiente a 2024, donde Colombia fue ubicada en el nivel 2 bajo los estándares de la Ley de Protección de Víctimas de Trata.
El informe reconoce los avances del país en investigación y judicialización de estos casos, así como la cooperación internacional en el combate a redes criminales transnacionales.
Según el documento, se recomienda profundizar en la asistencia, protección y prevención destinada a las víctimas. Durante 2024, el Estado colombiano brindó atención a 416 personas afectadas por este delito, respondiendo a sus necesidades con la intervención del Centro Operativo Anti-Trata (Coat), liderado por el Ministerio del Interior.
Este centro asegura una respuesta humanitaria e integral, que incluye protección, alojamiento, atención médica y apoyo psicológico, de acuerdo con las entidades competentes.
El informe destaca la importancia de la cooperación entre Estados para identificar, perseguir y recuperar activos ilícitos, fortaleciendo la reparación de las víctimas y el castigo a los responsables.
La Fiscalía General de la Nación y la rama judicial actúan de manera independiente, lo que garantiza la rigurosidad de las investigaciones y procesos judiciales.
En materia de prevención, en julio de 2025 se lanzó el Visor Nacional de Información sobre la Trata de Personas, instrumento tecnológico que facilita la detección y análisis de patrones delictivos y apoya la toma de decisiones basada en evidencia.
Además, el gobierno avanza en acuerdos internacionales y alianzas con el sector privado, como la firma de un memorando con Latam Airlines y la ONG Valientes Colombia para el traslado humanitario de víctimas.
El aporte presupuestal para el combate a la trata aumentó 605% entre 2020 y 2025, reflejando una fuerte voluntad política de desmantelar redes criminales y proteger los derechos humanos.
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