
El anuncio del Ministerio de Hacienda sobre la posible aplicación de una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos realizados mediante el sistema Bre-B generó inquietud en el sector financiero y entre los millones de usuarios que adoptaron esta plataforma.
La propuesta, que aún se encuentra en fase de borrador para comentarios, fue interpretada por líderes bancarios como una medida que podría contradecir los objetivos iniciales de inclusión y eficiencia que promovieron la masificación de este mecanismo.
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El sistema de pagos únicos Bre-B, impulsado por el Banco de la República, fue presentado como una herramienta gratuita destinada a facilitar las transacciones y ampliar la inclusión financiera en Colombia. Esta promesa atrajo a una gran cantidad de ciudadanos, quienes se registraron masivamente y comenzaron a familiarizarse con la plataforma. Según datos de octubre de 2025, 32 millones de colombianos ya estaban inscritos, con más de 88 millones de llaves activas, lo que evidencia la rápida aceptación y el potencial de crecimiento del sistema.
En sus primeras comunicaciones, el Banco de la República había anticipado que, en un plazo de aproximadamente tres años, se implementaría un costo por el uso de Bre-B, aunque se aseguró que este no representaría una carga significativa para los usuarios. No obstante, la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda imponga un impuesto a las transacciones sorprendió a muchos, ya que esta medida parece ir en sentido opuesto a los propósitos originales de la plataforma.

El argumento oficial del Ministerio de Hacienda para justificar el proyecto de decreto es la necesidad de unificar el tratamiento de la retención en la fuente. Actualmente, los pagos digitales realizados a través de Bre-B no están sujetos a este impuesto, a diferencia de las transacciones con tarjetas plásticas. Esta diferencia, según la cartera, motiva la propuesta de equiparar el régimen fiscal entre ambos métodos de pago.
La alta penetración de Bre-B y el volumen de usuarios activos han sido interpretados por algunos actores del sector como un incentivo para que el Gobierno busque nuevas fuentes de recursos. Javier Suárez, presidente de Davivienda, expresó en el Congreso de Camacol que “el sector financiero siempre ha sido el que permite mayor facilidad de recaudo para el Gobierno. Muestra de ello es el 4x1.000. El problema es que el camino no debe ser el de lo fácil, sino el de lo conveniente”.
Tanto Suárez como César Prado, presidente del Banco de Bogotá, coincidieron en que la coyuntura fiscal del país es compleja y que el próximo presidente, quien asumirá en 2026, deberá enfrentar este desafío. No obstante, Prado advirtió que la medida podría tener un efecto negativo sobre las expectativas puestas en Bre-B, especialmente en lo que respecta a la reducción del uso de efectivo y la lucha contra la informalidad, en particular el fenómeno del “gota a gota”.
En opinión de Javier Suárez, la decisión de gravar los pagos realizados a través de Bre-B “es incongruente”, según lo manifestó durante el panel de banqueros en el Congreso de Camacol y fue citado por el medio. Por lo que solicitaron al Ministerio de Hacienda que no expida el decreto, argumentando que la medida podría desincentivar el uso de una herramienta clave para la modernización y formalización de la economía colombiana.

A los cuestionamientos de los líderes de los bancos se unió la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, que rechazó la propuesta, advirtiendo que traería un impacto negativo en la calidad de vida de los colombianos.
“Todo lo que tocan estos comunistas en el poder lo destruyen. Algo que nació para facilitarle la vida a los colombianos, será otro garrote para quitarle más recursos a los ciudadanos”, escribió la legisladora contradictora del Gobierno nacional en su cuenta de X.
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