El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la suspensión de subsidios militares a Colombia sigue dando de qué hablar en el sector Defensa, pues estos fondos sustentan diez programas fundamentales de cooperación militar entre ambos países.
Los detalles de los acuerdos vigentes, los montos involucrados y la naturaleza de las áreas afectadas configuran un panorama de incertidumbre para sectores estratégicos de la seguridad nacional.
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De acuerdo con fuentes de la Fuerza Pública, a pesar del carácter sorpresivo de la medida, los impactos no se sentirían de inmediato en las operaciones en marcha ni alterarían los planes actuales, especialmente porque la mayor parte de los acuerdos se basa en cooperación técnica más que en transferencias directas de recursos.
Sin embargo, un alto oficial habló al respecto: “Si llegara a concretarse un recorte total, el impacto sería más fuerte sobre la Policía Nacional que sobre el Ejército. Con el Plan Colombia existía un flujo más amplio de aportes, pero hoy se trata principalmente de convenios de cooperación”, afirmó en el diario El Tiempo.

Esta distinción revela una evolución en el modo de colaboración desde los años iniciales del Plan Colombia hasta los convenios vigentes.
Según un documento conocido por El Tiempo, los programas de cooperación bilateral entre Estados Unidos y Colombia representan un monto estimado de 1,58 billones de pesos (aproximadamente 400 millones de dólares). Estos recursos financian diversas áreas prioritarias: entrenamiento, asistencia, intercambio de capacidades y fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Entre las líneas de acción con mayor asignación resalta el programa de Desarrollo de Capacidades, con 180.000 millones de pesos destinados a robustecer las competencias operativas de las fuerzas colombianas. La Presencia de Asesoría Militar, que involucra a las Fuerzas Especiales y el Centro de Fusión de Inteligencia, recibe 264.000 millones de pesos.
Por su parte, la Financiación Militar Extranjera (FMF), orientada a la compra de equipos y servicios logísticos —beneficiando principalmente a la Policía Nacional— suma 148.100 millones de pesos.

Otra área relevante contempla la provisión de artículos de defensa en exceso (EDA), con un valor de 800.000 millones de pesos, así como inversiones en asuntos antinarcóticos (50.590 millones) y educación y entrenamiento militar internacional (8.000 millones). A estos rubros se suman las actividades humanitarias y el Programa Acción Colombia–EE. UU. (USCAP), ambos con una asignación de 20.000 millones de pesos.
Programas como Estado Amigo, el financiamiento de visitas, conferencias e intercambios, y el Programa de Asesores del Ministerio de Defensa disponen de montos que oscilan entre los 4.000 y 8.000 millones de pesos. Finalmente, se incluye una partida de 80.000 millones de pesos específicamente dirigida a la realización de ejercicios de entrenamiento conjuntos, tanto bilaterales como multinacionales.
El plan identifica seis áreas funcionales que se verían directamente afectadas en caso de recortes o suspensión de los fondos: fuegos, protección, movimiento y maniobra, mando y control, inteligencia, sostenimiento y soporte.
Estas categorías engloban las capacidades tácticas y logísticas esenciales para la estructura militar colombiana, incluyendo acciones de entrenamiento conjunto, modernización tecnológica, asistencia humanitaria y programas de interoperabilidad con aliados internacionales.

Consecuencias trae para Colombia la suspensión de subsidios de EE. UU.
De acuerdo con el análisis de Juan Falkonerth, consultor político y especialista en relaciones internacionales, la medida adoptada por Trump representa un golpe significativo para la estructura de asistencia militar e inteligencia que Estados Unidos ha proporcionado históricamente a Colombia.
Falkonerth explicó a Infobae Colombia que “el impacto es considerable porque Colombia depende de los recursos, la asistencia militar y de inteligencia que Estados Unidos proporciona para combatir estructuras criminales y narcoterroristas dedicadas al narcotráfico”.
Según el experto, estas organizaciones han incrementado su poder territorial y su acceso a tecnología avanzada, logrando optimizar la producción de cocaína incluso con una reducción en las hectáreas cultivadas. Esto, en su opinión, “indica que pueden incrementar el cultivo y la exportación de drogas ilícitas con menos territorio”, lo que agrava el desafío para las autoridades colombianas.
La reducción de fondos estadounidenses, según Falkonerth, afecta directamente la operatividad de las Fuerzas Armadas y limita la capacidad de mantener equipos y acceder a tecnología de punta.
El analista destacó la dependencia de Colombia respecto a la cooperación estadounidense en materia de seguridad, ejemplificando que “las armas y el sistema antidrones que custodiaban la Casa de Nariño eran estadounidenses; el presidente Petro comprobó que incluso la seguridad del Palacio dependía de Estados Unidos. Esto ilustra la relevancia de la asistencia estadounidense en seguridad”, puntualizó en diálogo con Infobae Colombia.
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