El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para análisis la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación contra el contrato estatal de 1,3 billones de pesos establecido para la elaboración de pasaportes y visas en Colombia.
El proceso, que involucra a la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moneda de Portugal, busca poner bajo escrutinio los procedimientos que rodearon la formalización del convenio y su legalidad.
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La acción judicial del órgano de control se dirige a la reciente adjudicación del proyecto para la producción y personalización de pasaportes, documentos de viaje y etiquetas de visa, una responsabilidad asumida por la Imprenta Nacional de Colombia tras la firma de un convenio interadministrativo.
Según la demanda, dicha entidad no contaba con las capacidades totales requeridas, lo que derivó en una alianza con la Casa da Moneda de Portugal a fin de cumplir con los objetivos contractuales.
Para la Procuraduría, existe una infracción directa al modelo de contratación pública, ya que la Cancillería optó por una contratación directa con la Imprenta Nacional en vez de recurrir a una licitación pública, mecanismo que la ley prevé para contratos de esta magnitud.
El documento radicado ante el tribunal sostiene que esta circunstancia derivó en la “subcontratación de la totalidad del objeto para el cual fue contratada la Imprenta Nacional”, acción que, según los argumentos presentados, debió ser gestionada de forma competitiva para garantizar la idoneidad y transparencia.
El convenio, suscrito el pasado 28 de julio, compromete recursos superiores al billón de pesos y establece reglas de cooperación y participación con el Gobierno de Portugal para implementar un nuevo modelo de pasaportes.
El representante de la Procuraduría, Marcio Melgosa, detalló que la alianza con la Casa da Moneda de Portugal se justificó originalmente en la aplicación del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, relativo a la contratación con organismos internacionales.
Sin embargo, la entidad de control argumenta que la participación financiera de la institución portuguesa solo representó el 21% del valor total del convenio, por debajo del umbral legal mínimo del 50%.
Entre las solicitudes de la Procuraduría ante el Tribunal, se pide la “restitución integral de las sumas de dinero que hayan recibido como contraprestación del convenio cuya anulación se persigue” y el reintegro de los intereses moratorios correspondientes.
El caso será estudiado por el magistrado José Élver Muñoz. El Tribunal advirtió a las partes que la prueba por oficio no será decretada a menos que se justifique mediante petición formal, conforme establece el artículo 23 de la Constitución.
Mientras se adelanta el estudio del expediente, las entidades vinculadas deberán presentar sus argumentaciones y soportes para determinar la validez del convenio, cuyo futuro está ahora en manos de la jurisdicción contencioso-administrativa de Colombia.
El contrato para la expedición de pasaportes en Colombia, valorado en 1,3 billones de pesos, está envuelto en una controversia internacional. La polémica se intensificó tras conocerse que IN Groupe, una empresa estatal francesa vinculada al consorcio ganador, fue sancionada por corrupción internacional.
IN Groupe, junto con la Casa de la Moneda de Portugal, conforma el consorcio responsable del suministro de los pasaportes. La Procuraduría General de la Nación ha catalogado el proceso de contratación como irregular, cuestionando la transparencia en el desarrollo del concurso.
La adjudicación del contrato no se resolvió de inmediato. Durante más de 800 días, se presentaron aplazamientos, cambios en el personal involucrado y disputas jurídicas. Finalmente, el contrato se formalizó en 2023, ya bajo la administración del presidente Gustavo Petro.
La estrategia del gobierno consistió en asociar a la Imprenta Nacional de Colombia con la Casa de la Moneda de Portugal. Esta última goza de reconocimiento técnico en este tipo de procesos.
Sin embargo, documentos oficiales, revelados por Cambio, señalan que la participación de IN Groupe fue una condición impuesta en el acuerdo de cooperación, aunque su nombre quedó excluido del convenio firmado entre la Cancillería y la entidad portuguesa. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y los criterios aplicados en la contratación.
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