El fútbol colombiano enfrenta un hito histórico en materia de libre competencia.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso millonarias sanciones económicas a varios clubes de fútbol profesional y a la División Mayor de Fútbol Colombiano (Dimayor), tras determinar que estas entidades implementaron un sistema que restringía la movilidad de jugadores y afectaba la libre competencia en el mercado de transferencias y contrataciones.
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El presidente Gustavo Petro respaldó de inmediato la decisión de la SIC y reiteró la instrucción de combatir cualquier formación monopólica o cartel en el sector empresarial colombiano.
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“La orden de la Constitución es competencia, comunidades y Estado. El mundo empresarial privado no debe estar compuesto de carteles y monopolios”, escribió en su cuenta oficial, destacando que estas sanciones envían un mensaje claro sobre la importancia de la competencia justa, incluso en el deporte.
La investigación, iniciada a raíz de una denuncia de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), reveló que los clubes involucrados —Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A., Unión Magdalena S.A., Asociación Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club S.A. y Club Deportivo Atlético Fútbol Club S.A., junto con la Dimayor— establecieron mecanismos para desincentivar la negociación de futbolistas entre equipos. Según la resolución 82856, a la que tuvo acceso este medio, la sanción económica total supera los 8.000 millones de pesos.
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El proceso sancionatorio comenzó en noviembre de 2021, cuando Acolfutpro presentó pruebas de acuerdos entre clubes para impedir o dificultar la contratación de ciertos jugadores como represalia.
Entre las evidencias figuraban correos electrónicos en los que se solicitaba explícitamente no negociar los derechos deportivos de futbolistas específicos. La SIC identificó tres patrones de conducta que fundamentaron la decisión.
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El primero consistió en el intercambio de información sobre la situación contractual de los jugadores, incluyendo vigencia de contratos, faltas disciplinarias y solicitudes de terminación de acuerdos.
La autoridad advirtió que, en un entorno de libre competencia, la circulación de este tipo de información entre competidores puede afectar la conformación de equipos y el rendimiento deportivo.
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“En un escenario de libre competencia, este tipo de información no debe ser compartida entre competidores —como es el caso de los clubes de fútbol— y mucho menos en escenarios donde se quiere lograr el mayor rendimiento de equipos deportivos”, indicó la SIC.
El segundo patrón fue la utilización de expresiones como “pacto de caballeros”, “llamado ético” o “solidaridad de gremio” en las comunicaciones internas. Según la SIC, estas fórmulas no buscaban promover la ética empresarial, sino desalentar a los clubes de negociar con los futbolistas señalados.
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“Este tipo de expresiones no buscaban hacer un llamado a un eventual cumplimiento específico de las normas, sino precisamente a que los equipos destinatarios de las comunicaciones no tuvieran incentivos suficientes para negociar y contratar a los futbolistas señalados”, concluyó la entidad.
El tercer elemento clave fue la participación de la Dimayor, que facilitó la legitimación de estas prácticas y remitió algunas comunicaciones con pleno conocimiento de que podían afectar la libre competencia. “La participación de la Dimayor fue fundamental. Como organización que agremia a los clubes, su intervención en este tipo de mensajes evidenció apoyo a la conducta anticompetitiva”, precisó la SIC.
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En cuanto a las sanciones, Boyacá Chicó deberá pagar 603 millones de pesos, Unión Magdalena 174 millones, Deportivo Pasto 1.037 millones, Envigado FC 2.753 millones, la Dimayor 3.292 millones y el Club Deportivo Atlético FC S.A. 116 millones.
Además, se notificaron montos menores para empresarios del fútbol, siendo el más alto de 145 millones de pesos. La suma total de las multas supera los 7.000 millones de pesos, y los sancionados tienen cinco días hábiles para efectuar el pago tras la ejecutoria de la resolución.
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La SIC archivó el proceso para equipos como Once Caldas, Real Santander, Tigres FC, Equidad, Fortaleza FC, Leones, Quindío, Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima.
La autoridad subrayó que la protección de la libre competencia en el deporte no solo garantiza el respeto a las reglas del mercado, sino también los derechos de los jugadores.
“Se busca garantizar la dignidad de los futbolistas, el ejercicio efectivo de sus derechos y la posibilidad de acceder a mejores salarios, progresar profesionalmente y desplegar sus proyectos de carrera sin trabas ilegítimas”, afirmó la SIC.
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