El concejal de Bogotá Jorge Colmenares arremetió contra el congresista David Racero por una publicación que hizo el militante del Pacto Histórico en sus redes sociales.
En su cuenta oficial de X, David Racero compartió: “Recorriendo Colombia por la continuidad del gobierno del Cambio!! Por la gente todo, sin la gente nada!”.
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La frase fue acompañada de una fotografía en la que se ve al congresista sentado en un bus, visitando distintas regiones del país.
La publicación no tardó en recibir respuestas. El concejal Jorge Colmenares, hermano del fallecido Luis Colmenares, fue uno de los principales críticos.
En un mensaje dirigido a Racero, Colmenares expresó: “Jajajajajajajajaja ya empezó el disfraz de ‘soy del pueblo’ ‘monto en bus’, pero en el Congreso puro Fruver, exigir que le hagan mercado los funcionarios y cobrar peaje”.
Con este comentario, Colmenares señaló lo que considera una incoherencia entre el discurso de cercanía popular y las acciones dentro del Congreso, por lo que catalogó a Racero como “doble, usted da pena”.
La interacción entre ambos políticos expuso la marcada polarización en torno a los mensajes de la administración de Gustavo Petro y la percepción de su relación con las bases ciudadanas.
Mientras Racero insiste en recorridos y contacto directo para defender la continuidad de las políticas del “Gobierno del Cambio”, sus opositores lo acusan de mantener privilegios alejados de la vida cotidiana de la mayoría de los colombianos.
Consejo de Estado analiza investidura de David Racero, Procuraduría pide que conserve su cargo
El representante a la Cámara David Racero, investigado por presunto tráfico de influencias, recibió el respaldo de la Procuraduría, que recomendó no retirarle la investidura.
El proceso contra Racero, integrante del Pacto Histórico, avanzó en el Consejo de Estado el miércoles 8 de octubre de 2025, luego de denuncias relacionadas con gestiones para nombramientos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y supuestas intervenciones irregulares en concursos de méritos.
El caso surgió a partir de mensajes de WhatsApp entre el congresista y el entonces director de la entidad, Jorge Londoño, de la Alianza Verde.
Según reveló la revista Cambio, los mensajes indicarían que Racero solicitó puestos en la seccional del Cesar y recomendó a un familiar, José Luis Mayorca, médico y empresario de esa zona.
“¿Le puedo decir a mi tío que hable con el director regional sobre eso?”, se lee en uno de los chat, a lo que Londoño respondió de forma positiva.
Otras conversaciones atribuidas a Racero con una persona identificada como ‘Luzma’ muestran solicitudes para colocar subdirectores encargados. Además, el legislador explicó en una nota de voz: “Debe ser de carrera de planta para que el director lo coloque como subdirector encargado. ¿Cierto? y ya lo empecemos a manejar”.
Estos hechos se sumaron a otras acusaciones sobre la presunta utilización de miembros de su unidad de trabajo legislativo en actividades como un fruver.
Durante la audiencia, David Racero defendió su gestión y denunció la existencia de intereses políticos detrás del procedimiento. Afirmó: “Siempre he respetado profundamente la legalidad, la Constitución y el cargo que ostento, el cual le fue entregado por un grupo de ciudadanos que han confiado en su palabra y en su criterio”.
El representante aseguró que no ha cometido ninguna irregularidad ni ha incurrido en “alguna falta que pueda vincularme con el delito de tráfico de influencias”.
En el desarrollo de la diligencia judicial, Racero expuso que solicitó personalmente la investigación para que la justicia tenga elementos claros y mostró que ha colaborado con la revisión del caso.
El congresista reiteró que es “el primer interesado en que se resuelva confiando plenamente”.
Uno de los momentos clave de la audiencia fue la intervención de la Procuraduría Séptima Delegada, encabezada por Idairys Yolima Carrillo, quien pidió no decretar la pérdida de investidura.
El argumento se centró en la falta de pruebas concluyentes: “No logró probarse de manera inequívoca la existencia de un influjo psíquico derivado de la investidura o el constreñimiento que determinara la actuación de un servidor a su favor o a un tercero”, expresó Carrillo ante el tribunal.
La Procuraduría insistió en que la causal alegada por la parte demandante no está soportada en las evidencias.
El procedimiento finalizó con las conclusiones del abogado Samuel Ortiz, quien, en nombre de la parte demandante, sostuvo que Racero habría recurrido a su posición para solicitar nombramientos en una entidad estatal, por lo que solicitó la sanción de pérdida de investidura.
La decisión definitiva sobre el futuro político de David Racero recae ahora en el Consejo de Estado, donde se espera un pronunciamiento en las próximas semanas.
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