Durante la primera semana del mes de octubre de 2025 se conoció el caso del presunto fraude en los exámenes de admisión para especialidades médico-quirúrgicas de la Universidad de Cartagena.
Los hechos revelaron un modus operandi que, según las autoridades, podría estar vinculado a una red criminal y movilizar importantes sumas de dinero.
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De acuerdo con información suministrada por el diario cartagenero El Universal, colaboradores identificados entre los implicados recibían “pagos millonarios”, llegando algunos a ser contratados por un millón de pesos colombianos por cada fotografía que lograran capturar de los cuestionarios, que eran enviadas a un centro externo que procesaba y devolvía las respuestas correctas a los aspirantes beneficiados.
Durante los procedimientos de control, el equipo de seguridad de la universidad detectó prácticas que incluían “audífonos transparentes en los oídos, equipos de grabación fijados con cinta al pecho, celulares conectados por Bluetooth y personas tomando fotos del examen para enviarlas por WhatsApp a otras”, según relató Habid Mercado, jefe de seguridad de la institución, en diálogo con el medio.
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Los dispositivos electrónicos se encontraban ocultos entre la ropa de los participantes, a pesar de la prohibición expresa en las credenciales de inscripción.
El operativo de seguridad incluyó requisas exhaustivas, vigilancia dentro y fuera de los salones y el acompañamiento en los baños. Estas medidas permitieron a la Policía Metropolitana de Cartagena y al personal de seguridad identificar a un grupo que oscilaba entre 16 y 20 personas, distribuidas en ocho salones, que, presumiblemente, ingresaron dispositivos tecnológicos de manera clandestina para lograr el acceso fraudulento a las preguntas del examen.
Incluso, la información conocida por medio de las autoridades, es que en el instante en que se detectó la irregularidad se activaron protocolos de seguridad y los guardas de seguridad acudieron a la Policía Metropolitana de Cartagena para traer el orden al desarrollo de las pruebas y garantizar su normal desarrollo.
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Rector de la universidad se pronunció
El rector de la universidad, Willian Malkún Castillejo, insistió en la gravedad del impacto reputacional y ético de estos hechos.
“Estos lamentables sucesos atentan contra los principios que guían nuestra misión institucional, la confianza de la sociedad en la educación superior pública y el esfuerzo honesto de cientos de médicos que participaron en el proceso de selección”, aseguró Malkún en declaraciones recogidas por el medio caribeño, y reiteró que la institución no permitirá que “prácticas fraudulentas vulneren la integridad de sus procesos ni que manchen el nombre de una institución con casi dos siglos de historia al servicio de la región y del país”.
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El rector insistió en que la universidad actuará con contundencia frente a “redes criminales, dedicadas a vulnerar la transparencia de los procesos académicos en la región Caribe”, para reforzar su compromiso con la transparencia, la legalidad y la ética académica.
Las autoridades policiales, tras individualizar a los involucrados, confirmaron que ninguno presentaba antecedentes judiciales. De hecho, se conoció que la mayoría de los captados provenían del departamento del Cesar, y se presume que pueden integrar una organización delictiva dedicada a este tipo de fraudes.
Según los datos recabados, “hay gente que paga 50 o hasta 100 millones de pesos por un examen de estos”, explicaron portavoces de la institución al medio, en cuanto a la sofisticación y el alcance económico de este mercado ilícito.
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La denuncia ante la Fiscalía
Como respuesta institucional, la Universidad de Cartagena, a través de su Oficina Jurídica, presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia formal, solicitando una investigación penal exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables, así como confirmar que “no permitirá que redes de fraude académico deshonren el esfuerzo de los aspirantes que participaron con honestidad”, en palabras del rector Malkún.
Las pruebas obtenidas y la identificación de los presuntos responsables están ahora en manos de las autoridades judiciales, quienes determinarán los delitos cometidos y las consecuencias legales para los implicados.
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