La defensa de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República, solicitó aplazar la audiencia de imputación de cargos en su contra hasta noviembre.
El abogado Alejandro Carranza presentó un escrito de tres páginas dirigido al Complejo Judicial de Barranquilla, donde expuso que no podrá asistir a la diligencia original, prevista para el miércoles 1 de octubre de 2025, debido a compromisos previos en su agenda profesional.
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Según indica en el oficio, Carranza debe asistir a una cita médica de otorrinolaringología y enfrenta temas familiares que le impiden presentarse. Además, explicó que ha sido citado por la Comisión de Investigación y Acusación a dos diligencias la misma tarde, donde actúa como defensor del presidente de la República.
El penalista señaló que la coincidencia de estos compromisos hace imposible su participación en la audiencia prevista.
En el oficio remitido a las autoridades judiciales, Carranza explicó que su agenda solo le permitiría asumir la defensa de Petro después del 8 de noviembre.
El defensor recordó que desde principios de septiembre comunicó su imposibilidad de asistir en la fecha pautada para la diligencia judicial.
“Conforme al poder radicado el 8 de septiembre de 2025, solicito amablemente la reprogramación de la audiencia fijada para el 1 de octubre de 2025”, manifestó Carranza.
El jurista pidió mediante el oficio “que se reprograme la audiencia preliminar de imputación y solicitud de medida de aseguramiento para fecha posterior al 8 de noviembre de 2025”.
También, Carranza, aseguró que no hay riesgo de fuga y que se trata de un proceso sin pruebas.
“¿Acaso ustedes conocen que Nicolás se haya fugado desde que tiene libertad para moverse por el país? No. ¿Conocen de algún antecedente en que él haya tratado de irse del país? No. ¿Conocen de alguna, eh, actuación en donde él haya tratado de no ir a una audiencia deliberadamente? No. Ha ido a todas", señaló.
El abogado Carranza también afirmó que deberían investigar a la exgobernadora del Atlántico Elsa Noguera y la madre de Day Vásquez.
“La Fiscalía, parece ser, abrió un radicado contra Elsa Noguera y esperamos nosotros que en ese mismo radicado haya incluido a la mamá de Daysuris del Carmen, porque la persona que posiblemente tiene que responder por el interés indebido en la celebración de contratos, por el peculado, no es sobre Daysuris, que es la beneficiaria del principio de oportunidad, es la mamá de Daysuris”, dijo.
Tras lo anterior, el juzgado sexto penal municipal de Barranquilla decidió aplazar hasta noviembre la nueva imputación solicitada por la Fiscalía contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. El proceso continuará el próximo mes mientras las partes revisan la información pendiente.
Estos son los cargos que le imputarán a Nicolás Petro
Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República y exdiputado del Atlántico, enfrentará una nueva audiencia de imputación de cargos, en medio de un panorama judicial cada vez más comprometido.
Durante la audiencia, la Fiscalía formalizará tres nuevos cargos contra Nicolás Petro: tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.
El organismo además solicitará al juez la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario, lo que podría significar la reclusión inmediata del imputado mientras avanza la investigación penal.
Las nuevas acusaciones se fundamentan en hechos vinculados a su desempeño como diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico.
La Fiscalía sostiene que Nicolás Petro habría utilizado su posición política y su parentesco con el jefe de Estado para facilitar presuntos nombramientos en entidades públicas y para intervenir en la adjudicación de contratos estatales, en los cuales figuran entidades como la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente.
Entre los episodios incluidos en la investigación destacan una reunión realizada el 27 de noviembre de 2022, donde según el testimonio de Day Vásquez, exesposa de Petro Burgos, participaron altos funcionarios del Gobierno Nacional y representantes del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
La indagación señala que en ese encuentro se habrían negociado cuotas burocráticas y discutido cargos en distintas entidades estatales.
En cuanto a los contratos investigados, el expediente recoge presuntas irregularidades por más de $3.000 millones de pesos en cinco convenios suscritos con el objetivo de beneficiar a población vulnerable, como adultos mayores y estudiantes con discapacidad.
Según la Fiscalía, los recursos no fueron ejecutados de acuerdo con lo pactado y se habrían utilizado documentos falsos para declarar el cumplimiento de los fines contemplados.
La situación jurídica del exdiputado se agrava también por la existencia de otro proceso que explora su presunta participación en la recepción de aportes económicos para la campaña presidencial de 2022, que, según el ente acusador, terminaron nutriendo su patrimonio particular.
Además, la Procuraduría General de la Nación emitió esta semana pliego de cargos en contra de Nicolás Petro por presunto incremento patrimonial injustificado durante 2022.
Según este organismo, Petro Burgos no habría logrado explicar los aumentos en sus activos con respecto a sus ingresos declarados, generando dudas públicas sobre la legitimidad de dichos recursos. El juez definirá si el imputado enfrentará el proceso bajo detención, desde su lugar de residencia o en libertad.
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