Gobierno nacional adjudicaría millonario contrato a polémico asesor Germán Trejo acusado de estafa

Un millonario convenio entre el Gobierno de Gustavo Petro y el asesor mexicano-estadounidense Germán Trejo estaría próximo a concretarse, según se conoció en la mañana del domingo 28 de septiembre.

El Ministerio de Igualdad y Equidad (MinIgualdad) estaría a punto de firmar un contrato por $9.444 millones de pesos con Trejo, a través de la empresa Battleground Solutions, para servicios de comunicación política y digital, según información conocida por El Colombiano.

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La inminente adjudicación ha desatado críticas debido al historial de denuncias de presuntas estafas que rodea al asesor en varios países de América Latina, así como a la falta de transparencia en el proceso de contratación.

El documento que detalla la propuesta, fechado el 25 de mayo de 2025 y con 85 páginas, reposa en el despacho del ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián. En este se especifica el presupuesto oficial y la justificación del gasto, que asciende a $9.444 millones de pesos, IVA incluido.

Aunque el convenio aún no se ha firmado, Trejo ya operaría desde una oficina asignada en el piso 28 del ministerio, donde habría instalado su centro de operaciones, pese a no contar con un vínculo contractual formal, lo que plantea dudas sobre la regularidad del procedimiento, según la información conocida por el diario nacional.

El acuerdo se tramitaría a través del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (FonIgualdad), un patrimonio autónomo creado en 2023 que, al regirse por normas del derecho privado, no exige los mismos estándares de transparencia que los procesos licitatorios tradicionales.

Fuentes consultadas por El Colombiano señalaron que la elección de este fondo responde a la intención de evitar la exposición pública inmediata de la información contractual, como sí ocurriría en otras entidades como el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Trejo, que ya había trabajado con el exministro Carlos Rosero y mantenía contacto con figuras del Pacto Histórico y la vicepresidenta Francia Márquez, se ha posicionado como el principal estratega detrás de la radicalización del discurso oficial. Su influencia se extiende al uso coordinado de cuentas institucionales para difundir mensajes políticos, incluyendo campañas contra las EPS y figuras internacionales como Donald Trump, así como la promoción del hashtag #PetroLíderMundial.

Sin embargo, el trasfondo de Trejo está manchado por denuncias de presuntas estafas en al menos seis países de la región. En Colombia, durante la campaña del Pacto Histórico en 2022, varios miembros del equipo relataron al diario nacional que Trejo fue recomendado para una estrategia de recaudación de fondos, pero tras recibir pagos anticipados y prometer un despliegue territorial, desapareció sin cumplir los compromisos.

“Tocó sacar plata de nuestro bolsillo para tapar el hueco, porque el tipo se perdió y no respondió. Pero además, la estrategia fue un fracaso total. Lo que quería era sacar y sacar plata, es un enredador, ese man vende hasta un problema”, relató una de las personas afectadas.

El modus operandi descrito por las víctimas se repite en otros países. La periodista colombiana Wannda Perilla, que lidera un grupo en Facebook denominado “víctimas de Germán Trejo”, denunció que en México perdió junto a un socio $45.000 dólares en un proyecto gubernamental que nunca se concretó. Perilla mostró documentos firmados por Trejo y aseguró que este intentó silenciarla con acuerdos extrajudiciales que ella rechazó.

Consultores políticos de Paraguay, Venezuela y Ecuador también compartieron con El Colombiano sus experiencias. El venezolano Luis Medina relató que, tras ser contratado para una campaña en Paraguay, Trejo exigió pagos adelantados y prometió recaudar fondos para cubrir los honorarios, promesa que nunca cumplió. Medina afirmó que, además de los salarios, Trejo dejó deudas de alojamiento y equipos por un monto cercano a $20.000 dólares.

Un asesor ecuatoriano radicado en Bogotá, que prefirió el anonimato, comparó a Trejo con “el estafador de Tinder, pero del mundo de la estrategia política”, y aseguró que le adeuda $40.000 dólares desde 2022.

Otras fuentes señalaron que Trejo ha replicado este esquema en países como Perú, República Dominicana y Puerto Rico, donde ofreció servicios a campañas políticas, solicitó anticipos y luego desapareció. Un consultor colombiano afirmó que Battleground Solutions, la empresa de Trejo, no figura en registros mercantiles y que su supuesta sede en Estados Unidos dificulta cualquier acción legal en su contra.

A pesar de las advertencias internas, el Gobierno colombiano optó por mantener a Trejo como asesor. Fuentes de alto nivel indicaron al diario nacional que la Presidencia fue informada de los antecedentes y cuestionamientos, pero decidió seguir adelante con su vinculación.

Jonathan Ramírez, exsecretario general del DPS y señalado por permitir irregularidades en licitaciones, habría sido el principal impulsor de Trejo dentro del Palacio de Nariño. No obstante, en un encuentro reciente con periodistas, Trejo atribuyó las acusaciones a una “campaña sucia” en su contra.

En respuesta a las denuncias, Battleground Solutions emitió un comunicado en el que calificó de falsas las acusaciones de estafas y conflictos contractuales en otros países.

“Trejo jamás ha tenido una denuncia, demanda o condena en ninguno de los 16 países donde ha prestado sus servicios, además tampoco tiene ninguna situación que lo inhabilite para ejercer su labor profesional”, afirmó la empresa.

El comunicado añadió que Trejo no percibe honorarios por su trabajo actual, que su colaboración es voluntaria y que, aunque no se descarta una relación profesional futura, su apoyo al Gobierno Petro responde a una relación de confianza.