La discusión del Presupuesto General para la Nación (PGN) de 2026 comienza a arrojar los primeros resultados por cuenta de la aprobación por parte de las Comisiones Económicas del Congreso de la República por $546,9 billones, $10 billones menos que la cantidad original radicada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
La aprobación del monto total fue celebrada por el propio presidente Gustavo Petro a través de su cuenta oficial de la red social X, donde aseguró que la disminución en la solicitud de recursos financieros elimina la necesidad de incrementar ciertos impuestos, tal y como lo tenía planeado el Gobierno con la implementación de la reforma tributaria.
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No obstante, la distribución de los recursos fue objeto de críticas, dado que gran parte del valor del PGN será destinado a gastos de funcionamiento de las entidades públicas, mientras que una pequeña cantidad tendrá fines de inversión en programas sociales.
En este sentido, se pronunció la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien se fue contra la administración gubernamental por, según ella, alzar la voz para que en el país se implemente la llamada “justicia tributaria”, pero, al mismo tiempo, incrementar desmedidamente los gastos de funcionamiento del Estado.
Según la también precandidata presidencial, desde la Casa de Nariño aumentaron el valor del funcionamiento del aparato estatal para ser “malgastado” en embajadas y consulados innecesarios, así como en la representación del país en eventos internacionales.
En su mensaje, la congresista recordó la apertura de la embajada de Colombia en Haití, la cual le ha costado al país cerca de $1.329 millones; la polémica ‘Casa Colombia’ en la Exposición Universal Osaka 2025 (Japón), que les costó a los colombianos aproximadamente $39.000 millones. De igual manera, hizo alusión al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que salpicó a varios congresistas y ex altos funcionarios de la Presidencia de la República.
Sobre el entramado de corrupción, la precandidata mencionó que el dinero que el Gobierno busca que le sea aprobado por el Legislativo también sería destinado para la entrega de jugosos sobornos a congresistas a cambio de que voten favorablemente las iniciativas gubernamentales. Cabe recordar que fue así como se coordinó el escándalo que involucró poco más de $4.000 millones y que salpicó, principalmente, al senador Iván Name y al representante Andrés Calle, expresidentes de sus respectivas corporaciones, quienes actualmente se encuentran recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá.
“Tanto que hablan en este gobierno de ‘justicia tributaria’ y lo único que saben hacer es usar la plata de cada colombiano para malgastarla en embajadas, consulados, casas Colombia en Japón, EEUU, propaganda y en comprar congresistas para que les voten los proyectos”, indicó la senadora.
En este sentido, explicó que de los $546,9 billones que fueron aprobados el 24 de septiembre de 2025 en el Congreso, $359,3 billones serían para la financiación del funcionamiento de las entidades estatales, mientras que únicamente $85 billones tendrían fines de inversión en programas que beneficien a los colombianos.
Con base en estos argumentos, la precandidata mencionó una de sus propuestas principales, que se centra en la reducción del aparato estatal mediante la supresión de carteras y entidades públicas cuya gestión no se refleja en la calidad de vida de los ciudadanos.
Fue así como se comprometió a eliminar los ministerios y organismos que, según ella, solo sirven como fachada para la consolidación de escándalos de corrupción en los que se ven involucrados los recursos que son producto de los impuestos de todos los habitantes del territorio nacional.
“Presupuesto para inversión por $85 billones de pesos, contra $359,3 billones para funcionamiento. Por eso me comprometo a eliminar ministerios y entidades que solo le sirven a la corrupción”, puntualizó la aspirante al primer cargo de la nación.
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