Estos son los puntos críticos de la reforma tributaria, según el Observatorio Fiscal

El debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2026 avanza, pero con más dudas que certezas sobre cómo financiarlo. Aunque en el Congreso ya hubo humo blanco para reducir el monto en $10 billones, de $556,9 a $546,9 billones, el ajuste no resuelve la pregunta central: ¿de dónde saldrá el dinero para cubrir ese gasto?

El Gobierno confía en la llamada ley de financiamiento, que en realidad es una reforma tributaria ambiciosa, diseñada para recaudar $26,3 billones en 2026, equivalentes al 1,4 % del PIB. Sin embargo, tras el acuerdo con el Legislativo, ese recaudo tendrá que bajar a $16,3 billones. Y ahí comienza una discusión que no solo es técnica, sino política, el margen de maniobra se achica, y los apoyos en el Congreso son frágiles.

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Desde la academia no tardaron en encender las alarmas. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que el Gobierno no destinaría los nuevos recursos a reducir el déficit del Gobierno Nacional Central, que podría llegar al 7,1 % del PIB en 2025. “Es decepcionante que cuando se presenta se infla más el gasto cuando se debería financiar el que hay y no añadir nuevo”, afirmó Mauricio Salazar, director del observatorio.

Uno de los puntos más polémicos es la creación de una amnistía tributaria. La iniciativa incluye el impuesto de normalización, que permite declarar activos omitidos o corregir pasivos inexistentes. Aunque este mecanismo puede darle oxígeno inmediato al recaudo, los expertos consideran que envía una mala señal a los contribuyentes cumplidos. “Son mecanismos que ayudan al recaudo en el momento, pero desaniman a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones”, recalcó el observatorio.

Otro aspecto crítico está en el IVA. La reforma plantea extender el 19% a productos como bebidas alcohólicas, juegos en línea, hospedaje para extranjeros y servicios de software en la nube. También propone rediseñar los impuestos al consumo de alcohol y tabaco. El problema es que estas medidas afectan con más fuerza a los hogares de bajos ingresos. Según cálculos del observatorio, el esfuerzo tributario de los hogares más pobres llegaría a 0,37% de su ingreso disponible, mientras que para los más ricos apenas sería del 0,08%.

El impacto no es solo distributivo. Subir el precio del alcohol, por ejemplo, podría reducir el consumo y, en consecuencia, la tributación. Incluso se corre el riesgo de incentivar el contrabando o el cambio hacia sustancias no reguladas. “Se trata de efectos que son difíciles de predecir”, advirtió Salazar.

La propuesta también toca la renta personal. El Gobierno plantea un aumento en las tarifas marginales, la máxima pasaría del 39% al 41%. Pero, paradójicamente, el mayor golpe no lo recibirían los más ricos, sino quienes están en el tramo anterior, donde la carga impositiva podría subir hasta 11%. En la práctica, serán las clases medias-altas las que sientan con más fuerza el ajuste.

El impuesto al patrimonio es otro frente sensible. El umbral para declarar bajaría de 72.000 a 40.000 UVT, lo que sumaría más de 100.000 contribuyentes. Con tarifas marginales que subirían hasta el 5%, el Gobierno espera recaudar $1,8 billones adicionales. Pero la efectividad dependerá de que la Dian pueda controlar la evasión y la elusión, un desafío que históricamente ha tenido resultados limitados.

Además, el proyecto incluye un error técnico que no pasó desapercibido, dentro de los ingresos nacionales se contabilizan $7,8 billones provenientes de los impuestos al consumo de alcohol y tabaco. El inconveniente es que esos recursos pertenecen a los departamentos y al Distrito Capital, no a la Nación. “Contabilizarlos como ingresos de la Nación no solo es un error técnico, sino que también desconoce su importancia para las finanzas regionales”, señaló el observatorio.

Con el recorte acordado en el Congreso, la reforma deberá ajustarse. El presidente Gustavo Petro adelantó que, “lo más justo es no solicitar incrementos de impuestos sobre la gasolina y la cerveza”. En cambio, las propuestas de renta y patrimonio se mantendrán intactas, pues, en palabras del ministro de Hacienda, tienen un “alto nivel de progresividad”.