En medio de la crisis que se vive en la vía al Llano, que ya completa quince días cerradas por cuenta de un deslizamiento, siguen las críticas contra el Gobierno nacional y Coviandina por las presuntas demoras en la recuperación de la carretera.
De hecho, la controversia sobre la responsabilidad de Coviandina, concesionario de la vía, y el papel del Estado en la atención de los puntos críticos obligó a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, a explicar los límites contractuales y las acciones en curso sobre el corredor.
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La situación actual de la vía Bogotá–Villavicencio se caracteriza por la persistencia de un proceso activo de remoción en masa en el kilómetro 18, considerado el punto más crítico en este momento.
De acuerdo con la ministra Rojas, los equipos del Gobierno Nacional permanecen en la zona desde el inicio de la emergencia, aunque la magnitud del deslizamiento impide una intervención inmediata.
“Nuestros equipos están en la vía permanentemente. Lo que pasa es que en el kilómetro 18, el punto más crítico en este momento, hay un proceso activo de remoción en masa. Eso significa que no se puede intervenir de manera inmediata, porque el material sigue cayendo”, explicó la funcionaria en entrevista con Caracol Radio.
Según indicó, hasta la fecha, se han retirado cerca de diez mil metros cúbicos de tierra, pero la montaña continúa inestable, lo que obliga a priorizar el monitoreo, la instalación de sensores y el drenaje para reducir el riesgo.
La ministra destacó que la ausencia de maquinaria visible en el sitio no implica inacción, sino la aplicación de criterios técnicos y de seguridad.
Frente a las críticas, María Fernanda Rojas defendió la gestión del Gobierno y detalló las acciones coordinadas con las gobernaciones de Cundinamarca y Meta, así como con el Ministerio de Hacienda, para buscar alternativas de financiación y atender la emergencia.
Rojas enfatizó la complejidad del problema, agravado por factores climáticos como lluvias intensas y el manejo hidráulico deficiente en la zona, que han contribuido a la saturación de las montañas y la aparición de nuevos puntos críticos.
“Me toca hablar con todo el mundo, pasar el sombrero y buscar recursos, porque la magnitud del problema supera cualquier esfuerzo aislado”, afirmó la ministra en la misma entrevista.
Contrato de concesión y límites de Coviandina
Uno de los aspectos más polémicos es el alcance del contrato de concesión con Coviandina.
Según explicó Rojas, el acuerdo vigente hasta 2054 excluye la intervención física en dos tercios del corredor vial, limitando la responsabilidad del concesionario a la administración y operación en los tramos uno y dos, y reservando la intervención física únicamente para el tramo entre Chirajara y Fundadores.
“El contrato de concesión excluye los puntos críticos de inestabilidad geológica en dos tercios del corredor, lo que deja las obras mayores en manos del Estado”, precisó la ministra en Caracol Radio.
Esta situación implica que, ante deslizamientos graves como los ocurridos en el kilómetro 58 o el actual en el kilómetro 18, es el Estado quien debe asumir la respuesta y la financiación de las obras necesarias.
“Las fallas geológicas no son nuevas, son históricas. Cuando se negoció el contrato, se dejaron por fuera alrededor de noventa puntos críticos. Nos toca como Gobierno asumir esas responsabilidades, porque nuestro contrato es con los ciudadanos, no con una empresa”, sostuvo Rojas.
La ministra recalcó que Coviandina no tiene la obligación contractual de intervenir en estos puntos y que cualquier ampliación de su responsabilidad requeriría una modificación del contrato.
El debate sobre la responsabilidad y las alternativas de solución se ha intensificado en el contexto de la emergencia.
Mientras algunos sectores cuestionan la falta de previsión en la firma del contrato de concesión, otros insisten en la necesidad de una mayor articulación entre el Estado y el concesionario.
Un abogado consultado por Caracol Radio comparó la situación con la compra de un seguro de vida que no cubre enfermedades preexistentes, argumentando que los riesgos geológicos eran conocidos y que el Estado debe asumirlos.
Rojas respaldó esta visión y reiteró que el modelo de concesión vigente limita la capacidad de Coviandina para actuar más allá de sus obligaciones contractuales.
Perspectivas y retos para la reapertura
De cara al futuro, la ministra de Transporte advirtió que no es posible establecer un plazo concreto para la reapertura total de la vía ni para una solución estructural definitiva.
El Gobierno evalúa alternativas como la inclusión permanente de la variante actualmente habilitada y la gestión de nuevos fondos para financiar las obras requeridas.
La funcionaria reconoció que la solución estructural demanda un trabajo complejo y prolongado, mientras que las medidas temporales implementadas han permitido mejorar la movilidad en comparación con las propuestas iniciales de Coviandina.
La ministra concluyó en Caracol Radio que, aunque la reapertura definitiva de la vía al Llano aún no tiene fecha, el Gobierno continuará ajustando las estrategias para garantizar la movilidad y buscar una respuesta de fondo a los problemas históricos del corredor.
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