La congresista republicana María Elvira Salazar lanzó una advertencia directa al presidente Gustavo Petro, subrayando que la reciente descertificación del país en la lucha antidrogas representa un llamado urgente a la cooperación y al cese del sabotaje en la estrategia contra el narcotráfico.
La legisladora estadounidense recurrió a sus redes sociales para dejar claro que la situación actual exige cambios concretos del mandatario y que el margen de tolerancia por parte de Estados Unidos se está agotando.
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A través de una publicación en su cuenta de X, María Elvira Salazar sostuvo que el deterioro de los indicadores antidrogas en Colombia no responde solo a circunstancias externas, sino a lo que percibe como una falta de compromiso genuino por parte del Ejecutivo colombiano.
Enfatizó la urgencia de que Petro implemente acciones concretas y deje de atribuir los resultados a factores ajenos a su administración. “Debe cooperar y dejar de sabotear la lucha contra las drogas”, escribió.
Desde la perspectiva de la legisladora, el aumento descontrolado en los cultivos de coca refleja un riesgo geopolítico para toda la región y desafía los marcos de colaboración establecidos entre ambos países.
Su mensaje llega en medio de la controversia posterior a la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos que, según informan varias agencias, formalizó la descertificación de Colombia en materia de combate al tráfico de drogas. El informe sostiene que en los últimos doce meses, la nación sudamericana no cumplió de manera manifiesta con sus compromisos internacionales asumidos para el control de narcóticos.
La determinación fue comunicada mediante un memorando oficial remitido por el presidente estadounidense Donald Trump al Congreso, documento en el que se remarca que la ayuda de Estados Unidos sigue siendo crucial para los intereses nacionales de Colombia. Sin embargo, el texto advierte que el apoyo financiero, técnico y de seguridad estará ahora sujeto a condiciones más estrictas ante la falta de resultados verificables.
Según la información oficial, la decisión no implica sanciones inmediatas que pongan en riesgo la asistencia bilateral, aunque sí representa una señal de alerta que ha tenido eco en el discurso de actores políticos estadounidenses como Salazar. La congresista expresó que el proceso acelerado de desertificación que sufre Colombia está directamente vinculado con el avance del narcotráfico y con los resultados insatisfactorios presentados por el gobierno de Petro.
El informe presidencial norteamericano, incluye menciones explícitas a la política de “Paz Total” implementada por el gobierno de Gustavo Petro, sosteniendo que “sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis”.
Según detalla el memorando, desde la llegada de Petro a la presidencia, tanto el cultivo de hoja de coca como la producción de cocaína han alcanzado cifras récord en Colombia, superando incluso las proyecciones previas y disminuyendo la cooperación binacional forjada durante décadas.
En el reporte resalta que en 2023 se registraron en Colombia un total de 253.000 hectáreas de cultivos de coca, equivalentes al 67% de los cultivos mundiales, un aumento del 10% respecto al año anterior. La política oficial colombiana de erradicación de cultivos ilícitos tampoco logró cumplir con las metas establecidas, las cuales habían sido reducidas en comparación con periodos anteriores.
La exclusión de Colombia de la lista de países que cumplen satisfactoriamente con los acuerdos internacionales en materia de control de drogas significa un retroceso que no se observaba desde 1996. En ese momento, ocurrió durante la administración de Ernesto Samper Pizano y tuvo consecuencias en el flujo de cooperación internacional. El grupo actual de países en situación similar está compuesto por naciones como Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela.
Ante este panorama, la presión política y diplomática sobre el gobierno de Gustavo Petro se encuentra en aumento. Las declaraciones de María Elvira Salazar y la postura oficial de la administración estadounidense configuran un escenario en el que el futuro de la colaboración bilateral en materia antidrogas estará supeditado a reformas sustanciales, supervisión internacional y resultados tangibles en la reducción del narcotráfico y sus consecuencias para la región.
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