El representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid denunció que 260 miembros de la fuerza pública fueron víctimas de secuestro en Colombia desde el 7 de agosto de 2022.
El congresista destacó que la cifra incluye a integrantes del Ejército y de la Policía Nacional y responsabilizó a la política de Paz total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.
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A través de X, Cadavid manifestó que estos hechos no deben considerarse como simples retenciones, sino como secuestros plenos, ejecutados por estructuras criminales para proteger intereses ligados al narcotráfico y los cultivos ilícitos.
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De acuerdo con la información recopilada, la mayor parte de estos secuestros se concentraron en departamentos con presencia de disidencias armadas. El representante Cadavid indicó que “del 7 de agosto de 2022 a la fecha, son 260 miembros de la fuerza pública colombiana que han sido secuestrados. Los más afectados, el Ejército y la Policía Nacional. Esto no puede seguir sucediendo”.
La preocupación del congresista se centra en el uso sistemático del secuestro como herramienta de presión y control territorial por parte de varios frentes armados ilegales, principalmente las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc.
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Cadavid enfatizó que “estos secuestros, que no son retenciones, no pueden seguir haciendo carrera en nuestro país, siendo instrumentalizadas esas comunidades por parte de los grupos criminales para proteger los cultivos ilícitos. El secuestro de miembros de la fuerza pública es inaceptable y tenemos que preparar un congreso del 2026 y un gobierno del 2026 que proteja la seguridad”.
En este contexto, el congresista Hernán Cadavid reiteró el llamado a las instituciones nacionales para que en el próximo periodo legislativo y presidencial se adopten medidas más eficaces orientadas a la protección de la fuerza pública, la recuperación de la seguridad y la presencia del Estado en los territorios afectados por el conflicto.
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Algunos casos registrados en 2025
2025 destaca por varios episodios de secuestros masivos que afectaron tanto a soldados como a policías.
- Marzo – Liberación de 29 uniformados en el Cauca
Durante la primera semana de marzo, 29 integrantes de la fuerza pública (28 policías y un oficial del Ejército) fueron secuestrados en los caseríos de El Plateado (Argelia) y La Hacienda (El Tambo), en el norte del Cauca.
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Los uniformados estuvieron bajo control del frente Carlos Patiño, una facción armada disidente del EMC. Tras negociaciones con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Ministerio del Interior y la Iglesia Católica, el grupo fue liberado hacia el 7 y 8 de marzo.
- Junio – Secuestro masivo de 57 militares en Cauca
Se registró el secuestro masivo de 57 militares cerca de El Plateado, Cauca. En este hecho, 53 soldados y 4 suboficiales fueron privados de la libertad por grupos civiles bajo presión de la misma disidencia de las Farc.
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El Ejército colombiano denunció que los responsables se valieron de comunidades locales para impedir el avance de operaciones militares, una modalidad frecuente en zonas estratégicas donde persisten economías ilegales.
- Agosto – Retención de 34 soldados en Guaviare
Al menos 34 soldados fueron retenidos en El Retorno, Guaviare, por comunidades rurales. Este episodio se produjo después de operaciones castrenses que resultaron en la muerte de un comandante disidente.
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El Ministerio de Defensa calificó estos hechos como secuestro y anunció una recompensa de 5.000 dólares por información que facilitara la liberación de los uniformados.
- Septiembre – Liberación de 45 soldados retenidos en Cauca
La situación en el suroeste del país volvió a estar en el foco. El 8 de ese mes, 45 soldados fueron liberados en El Tambo, Cauca, tras más de 24 horas de cautiverio.
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Esta operación, apoyada por fuerzas aéreas y helicópteros, evidenció la complejidad del escenario de seguridad. Horas después, el presidente Gustavo Petro señaló que aún continuaban retenidos otros siete miembros de la fuerza pública en la región.
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