La Procuraduría General de la República alertó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) enfrenta serios riesgos que podrían derivar en su suspensión o terminación anticipada, lo que afectaría los planes nutricionales de miles de niños y adolescentes que se benefician de los alimentos que les proporciona el Estado por medio del programa.
Esta alerta surge tras la identificación de riesgos de financiación durante las labores de vigilancia que ejerce la entidad en torno a la continuidad y calidad del PAE, situación que se agrava por la falta de articulación y claridad entre las entidades responsables de su operación y sostenimiento.
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Frente a las irregularidades, el ente de control convocó a una mesa de diálogo en la que participaron los ministerios de Educación y de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA) con el objetivo de establecer acuerdos e implementar acciones concretas que eviten la interrupción del servicio.
Durante la reunión, la Procuraduría señaló la deficiente articulación entre las entidades encargadas y destacó las fallas en la asunción de la corresponsabilidad que cada una posee frente al programa. En paralelo, la entidad cuestionó la falta de coordinación y la ausencia de acciones concretas por parte de los organismos involucrados, aspectos que aumentan la incertidumbre sobre la permanencia del PAE hasta el final del calendario académico actual.
En la misma línea, la entidad destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento, financiamiento y gestión para evitar daños irreparables en la cobertura alimentaria escolar, especialmente en territorios más vulnerables.
A la par, el encuentro giró en torno a los desafíos de cofinanciación que enfrentan las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), por lo que el DNP, en su calidad de órgano clave para el flujo de recursos, se comprometió a analizar la opción de acelerar la revisión, aprobación y viabilidad de los proyectos financiados con regalías, los cuales han sido solicitados como fuente alternativa y complementaria para la sostenibilidad del PAE durante el resto del año.
No obstante, desde el ente de control se alertó que son en total 14 las ETC que presentan riesgos de suspensión del programa, debido a la disminución en la asignación de recursos municipales y departamentales para la cofinanciación, o por no haber materializado un aumento efectivo en los aportes, en contravía de lo dispuesto por la Ley 2167 de 2021.
Dicha ley establece la obligación de garantizar la prestación continua del PAE durante todo el calendario académico, por lo que su incumplimiento podría acarrear sanciones y medidas disciplinarias para los funcionarios responsables.
Bajo estos argumentos, el ente de control anunció que el Comité Especial de Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar continuará ejerciendo acciones de vigilancia orientadas a individualizar las presuntas faltas cometidas por las entidades territoriales que han reducido su compromiso financiero o que claramente no han cumplido con las obligaciones legales impuestas para proteger el derecho a la alimentación y la permanencia escolar de los menores.
En este sentido, la entidad explicó que estas acciones incluyen la evaluación exhaustiva de las gestiones adelantadas por los responsables y la apertura de procesos disciplinarios en los casos en que se identifiquen omisiones graves y que puedan ser objeto de sanciones a los implicados.
Finalmente, la entidad reiteró su disposición para liderar y acompañar los esfuerzos destinados a salvaguardar el PAE, advirtiendo que mantendrá una estricta vigilancia sobre las gestiones interinstitucionales y sobre el cumplimiento de la normativa vigente.
En ese sentido, la Procuraduría reitera que no permitirá que la negligencia o la desarticulación pongan en riesgo el bienestar y los derechos fundamentales de millones de estudiantes que dependen del servicio.
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