Familia de Valeria Afanador anunció que demandará a la rectora del colegio Los Laureles por la muerte de la niña

La trágica muerte de Valeria Afanador, cuyo cuerpo fue hallado en las inmediaciones del río Frío en Cajicá, ha generado un complejo escenario judicial que involucra a la rectora y al colegio campestre Los Laureles, institución en la que estudiaba la menor.

La familia, representada por el abogado Julián Quintana, anunció que emprenderá acciones penales, disciplinarias y civiles para esclarecer las circunstancias de la muerte y exigir responsabilidades.

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El informe de Medicina Legal estableció que la causa del fallecimiento fue un ahogamiento, descartando otras hipótesis que habían circulado tras la desaparición de la menor.

La Fiscalía precisó que la niña “aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago”, información que cobra relevancia dada la intensa búsqueda realizada días antes en la misma zona, sin resultados positivos.

Para la familia, esta confirmación es un elemento clave en la investigación, pues refuerza la necesidad de esclarecer por qué Valeria pudo acceder a un sector peligroso sin la supervisión adecuada.

Acciones legales contra el colegio y la rectora

Julián Quintana detalló a El Tiempo las vías legales que serán exploradas: “La primera es la acción penal: solicitaremos a la Fiscalía que investigue a la rectora del colegio por la violación de su posición de garante, y que se le impute el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual, pues la institución omitió deberes esenciales de cuidado y seguridad”.

La familia también interpondrá medidas administrativas y disciplinarias, incluyendo la solicitud de cierre del colegio Los Laureles por presuntas irregularidades en normas ambientales y de seguridad.

En cuanto a la vía civil, Quintana explicó: “Interpondremos una demanda con el propósito de que el colegio responda por los daños y perjuicios ocasionados a la familia. Con estas acciones buscamos verdad, justicia y que nunca más se repita una tragedia como esta”.

Por su parte, la rectora Sonia Ochoa, representada por el abogado Francisco Bernate, afirmó que su defensa está lista para enfrentar cualquier medida.

Bernate sostuvo que, según su criterio, no existen fundamentos para tomar represalias contra su clienta. Expertos en derecho coinciden en que el caso podría generar consecuencias en los ámbitos penal, civil y administrativo, de acuerdo con entrevista con el medio citado.

Debate sobre las obras y los cerramientos

Un elemento adicional en el debate gira en torno a la legalidad de los cerramientos y obras realizados en el terreno del colegio tras la desaparición de Valeria.

Imágenes de cámaras de seguridad captaron que, el 12 de agosto, la niña cruzó en varias ocasiones sin acompañamiento la cerca viva que delimitaba el colegio, situación que motivó que las directivas reforzaran la zona con mallas metálicas y cemento.

El capitán Álvaro Farfán, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, señaló que el Puesto de Mando Unificado (PMU) no autorizó los trabajos, y aclaró que los arreglos fueron ejecutados por iniciativa del plantel.

“Supongo que en su afán de iniciar clases, empezó a tapar algunos huecos, sembraron eugenias y se hicieron algunos arreglos. Después argumentaron que el PMU había dado autorización, lo cual no fue así”, dijo Farfán en declaraciones a Citytv.

En contraste, el abogado del colegio y la rectora, Francisco Bernate, aseguró que la institución cuenta con un permiso de construcción y parcelación vigente, expedido por la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Cajicá en enero de 2019.

La licencia, solicitada desde febrero de 2018, abarca los tres lotes que conforman el colegio y autoriza materiales de cerramiento como alambre de púas, postes de madera rolliza y puertas metálicas.

Aunque la vigencia de la licencia era de 36 meses y expiró en 2022, Bernate explicó que los refuerzos recientes en la cerca viva y la reja se realizaron por orden de la Gobernación de Cundinamarca, con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes.

En un acta de reunión fechada entre el 14 y 15 de agosto, la Gobernación instruyó al colegio a revisar la cerca viva y la reja, retirar la polisombra para mejorar la visibilidad, reinstalar una reja metálica colindante con un lote vecino y fortalecer el sistema de cámaras de seguridad, especialmente en las áreas cercanas al río Frío.

Certificación de bomberos y medidas de seguridad

Respecto a la certificación de bomberos, Bernate precisó que el colegio cuenta con un documento expedido el 17 de julio por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cajicá, con vigencia de un año, que establece que “el colegio cumple con las normas mínimas y básicas de protección y control de incendios”.

Según el abogado, la inspección fue presencial y no se reportaron anomalías.

Durante la reunión con la Gobernación participaron la rectora y el jefe de infraestructura del colegio, así como la funcionaria Janeth Cecilia Cubides Vargas, de la dirección de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. El capitán Farfán no estuvo presente.