En medio de las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia contra seis congresistas de la Comisión de Crédito, al parecer, por aprobar créditos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla a cambio de jugosos contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), a la Sala Penal llegó el exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla.
El exfuncionario estaba citado para las 8:30 a. m. de este lunes primero de septiembre, con el propósito de declarar contra los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo.
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La notificación, que fue remitida directamente al abogado defensor de Pinilla, Luis Gustavo Moreno, precisó: “Dentro de las diligencias adelantadas en contra del doctor Julián Peinado Ramírez, y otros, me permito informarle que se ordenó escuchar en declaración al señor Sneyder Augusto Pinilla Álvarez a partir del 1 de septiembre de 2025, a las 8:30 a. m”.
El documento, emitido desde el despacho del magistrado Misael Rodríguez, recordó además que desde el 21 de agosto se había emitido el auto formal de citación para la diligencia.
La comparecencia de Pinilla de este lunes se centra en las acusaciones graves contra los seis exintegrantes de la Comisión de Crédito Público. Las investigaciones sostienen que estos legisladores presuntamente participaron en el direccionamiento de tres contratos por un monto superior a 92.000 millones de pesos en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Arauca.
De acuerdo con los avances judiciales, esos contratos se habrían entregado a cambio de respaldar los empréstitos que presentó en su momento el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
Cabe resaltar que, apenas la semana pasada, Pinilla acudió ante la Corte pero en otra investigación, relacionada con la congresista Martha Peralta del partido de Gobierno y Julio Elías Chagüi, del partido de la U, en una audiencia dirigida por la magistrada Cristina Lombana.
En esta nueva citación, la temática giró en torno al proceso específico que lleva el magistrado Rodríguez sobre el supuesto intercambio de favores legislativos a cambio de contrataciones.
A pesar de la magnitud de las denuncias y la evidencia acumulada, la Corte Suprema de Justicia optó a finales de julio por no emitir órdenes de captura contra los congresistas involucrados.
Por su parte, la Procuraduría fue tajante al señalar que el caso dispone ya de pruebas suficientes para demostrar la participación de los implicados. “El expediente cuenta con elementos que permiten establecer la posible responsabilidad de los congresistas en el entramado de corrupción”, advirtió el órgano de control.
Durante las próximas jornadas, se espera que la Sala de Instrucción decida si formaliza la acusación contra los seis legisladores, lo que llevaría el expediente a la Sala de Primera Instancia para ser juzgado en el máximo tribunal.
Entretanto, en la investigación sobre la presunta compra de votos del Gobierno para aprobar cupos de endeudamiento en 2023, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó que existen pruebas contundentes que vinculan a altos funcionarios con negociaciones irregulares ante la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público - Cicp.
Esta conclusión, de acuerdo con información difundida por La W, se apoya en conversaciones y documentos que muestran acercamientos sistemáticos entre miembros del Ejecutivo y congresistas durante el segundo semestre de 2023.
El expediente judicial revela que, desde septiembre de ese año, funcionarios del Gobierno iniciaron acercamientos con parlamentarios, buscando destrabar y acelerar la aprobación de créditos.
El 4 de octubre, una reunión marcó el inicio de las supuestas negociaciones, particularmente dirigidas a congresistas que bloqueaban los trámites en la Cicp.
En mensajes internos que constan en el expediente, María Alejandra Benavides le comunicó a su mentora detalles sobre la estrategia: “Está pasando lo que tú me dijiste que lograste hacer con Cárdenas. Están tratando de abrir la puerta (…) Yo le insisto que no y Marce también le está diciendo que no, pero no sé cuánto tiempo vaya a lograrlo”.
Según la Corte, este diálogo confirma que los proyectos impulsados para favorecer a los congresistas eran canalizados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Entre los funcionarios señalados se encuentran el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el exviceministro Diego Guevara y María Alejandra Benavides.
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