La Superintendencia de Industria y Comercio impuso sanciones económicas por un total de $5.763.477 a tres empresas del sector salud en Colombia, tras comprobar que vendieron medicamentos por encima de los precios máximos de venta permitidos.
Las multas, resultado de inspecciones en Cúcuta y Cali, afectan tanto a mayoristas como a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), y buscan frenar prácticas que afectan el acceso a tratamientos esenciales y la sostenibilidad del sistema de salud.
La decisión se basó en la verificación de operaciones comerciales de Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S.A.S., Fabilu S.A.S. y Fabisalud IPS S.A.S., empresas que operan como mayoristas y como IPS en las ciudades mencionadas.
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Ante esta determinación, el presidente Gustavo Petro ratificó la sanción, compartiendo el comunicado de la Superintendencia de industria y Comercio y destacando algunos valores importantes de la investigación: “Sobrecostos hasta del 7.000% en medicamentos, contra la sociedad y los pacientes de Colombia. Tres sociedades mayoristas son las responsables”.
Las investigaciones, que abarcaron el periodo entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, revelaron que estas sociedades comercializaron medicamentos a precios que superaron los topes fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) en la Circular 13 de 2022.
En el caso de Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S.A.S., la Superintendencia identificó que, entre octubre de 2022 y junio de 2023, la empresa vendió 47 medicamentos con sobreprecios que oscilaron entre el 1,24% y el 7.000,93%.
Entre los ejemplos más destacados figura el medicamento Tisseel (CUM 220002154-1), utilizado en procedimientos quirúrgicos como sellante de tejidos, cuyo precio máximo autorizado era de $585.368,42, pero fue vendido por $4.750.000. Otro caso relevante es el de Actilyse (CUM 33103-2), empleado para disolver coágulos sanguíneos, que tenía un precio máximo de $1.691.122,48 y fue comercializado por $11.601.138.
Por su parte, Fabilu S.A.S., en su rol de mayorista, vendió nueve medicamentos entre enero y diciembre de 2023 a una Empresa Social del Estado, con incrementos que fueron del 3,5% al 164,7% sobre el precio máximo permitido.
Entre los medicamentos afectados se encuentra Clexane (CUM 36241-3), indicado para tratar coágulos y enfermedades cardíacas, cuyo precio máximo era de $12.089 y fue vendido por $32.000. También se detectó la venta de Bridion (CUM 20006959-1), un inhibidor neuromuscular, a $603.463, cuando el tope regulado era de $265.820.
En su calidad de IPS, Fabilu S.A.S., propietaria de la Clínica Colombia ES en Cali, comercializó diez medicamentos durante 2023, con sobreprecios que oscilaron entre el 3,38% y el 2.175,11%. Destaca el caso del medicamento Tisseel en su presentación líquida/sólida (CUM 20002154-1), cuyo precio máximo era de $313.172 y fue vendido por $7.125.000. Además, la empresa ofreció Verapamilo en presentación sólida oral x 50 tabletas (CUM 36606-1) a $2.700, pese a que el precio máximo autorizado era de $202.
Fabisalud IPS S.A.S., propietaria de la Clínica Cristo Rey en Cali, también fue sancionada tras comprobarse que, entre enero y diciembre de 2023, vendió cuatro medicamentos con incrementos que fueron del 0,09% al 100% sobre el precio máximo.
Un ejemplo es el Symbicort Turbuhaler (160mcg/4,5mcg) frasco por 60 dosis (CUM 19918906-1), utilizado para tratar asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cuyo valor máximo era de $55.114, pero fue vendido por $110.229.
La Superintendencia subrayó que el régimen de control directo de precios de medicamentos y dispositivos médicos es una herramienta esencial del Gobierno nacional para proteger el interés general y evitar abusos en el mercado. Esta regulación busca asegurar que los recursos públicos destinados al Sistema General de Seguridad Social en Salud se utilicen de manera eficiente, garantizando así la protección de derechos fundamentales como la salud y la vida, que pueden verse comprometidos por el sobrecosto de medicamentos.
Las empresas sancionadas tienen la opción de presentar recursos legales ante las instancias correspondientes, lo que podría dar lugar a una revisión de la decisión por parte de la autoridad.
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