El debate sobre el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia escaló luego de que el expresidente Iván Duque respondiera públicamente al mandatario actual, Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial de X. Duque defendió la aspersión aérea como herramienta clave en la lucha antidrogas y rechazó los señalamientos del Jefe de Estado, quien responsabilizó a la administración anterior del crecimiento de los sembradíos de hoja de coca en el país.
La controversia comenzó cuando Gustavo Petro, presidente de Colombia, afirmó en X: “Como pueden observar, es en el gobierno de Duque que crecen los cultivos de hoja de Coca. En mi gobierno, disparamos la incautación de cocaína y la destrucción de laboratorios”.
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El mandatario acompañó su mensaje con una gráfica que refleja un incremento en los cultivos de hoja de coca a partir de 2020 y una tendencia sostenida a lo largo de los siguientes cinco años. El presidente añadió que los grupos armados se fortalecieron bajo estrategias anteriores y reivindicó la búsqueda de la paz.
En reacción, Iván Duque citó datos históricos y defendió las políticas implementadas durante su mandato. “Una vez más, la ignorancia es atrevida. Colombia tuvo una política de Estado consistente en materia de aspersión aérea contra los cultivos de coca…, que se aplicó por décadas y que mejoró con el Plan Colombia hasta el año 2015, pasando de casi 200.000 hectáreas en el año 2000 a 50.000 hectáreas en el año 2015”. Según el expresidente, tras la suspensión de la aspersión aérea en 2015 por decisión del gobierno y fallos judiciales, los cultivos repuntaron y alcanzaron cerca de 200.000 hectáreas en 2018.
El exmandatario detalló que en su gobierno se logró frenar el crecimiento exponencial. “Durante nuestro gobierno paramos el crecimiento exponencial y logramos reducciones que permitieron la certificación durante 4 años a pesar de que en el año 2017 Colombia estuvo en riesgo inminente de desertificación”. Además, Duque advirtió que actualmente el narcotráfico sigue expandiéndose debido al desmonte de los grupos manuales de erradicación, el aumento histórico en los cultivos de coca y lo que calificó como “tratamiento privilegiado a los criminales”.
A pesar de la crítica de Duque, Petro subrayó un cambio de enfoque en la política antidrogas, asegurando que su administración ha priorizado la incautación de cocaína y la destrucción de laboratorios, mientras mantiene la meta de separar a las comunidades rurales de las economías ilegales sin criminalizarlas. Su mensaje enfatizó: “Buscar la paz no es un delito, es tu derecho y el de tus hijos. Es el derecho de Colombia”.
Las cifras ofrecidas en los mensajes de los mandatarios reflejan cómo el área de cultivos ilícitos de coca pasó de una estimación de 169.000 hectáreas en 2018 a más de 204.000 hectáreas en 2022, según los datos oficiales que acompañaron la publicación de Petro. El actual presidente explicó que en su administración se produjo un aumento en la incautación de cocaína y en la destrucción de laboratorios, proyectando para 2025 una disminución de sembradíos y un repunte en los operativos contra las redes criminales.
Por su parte, Duque reclamó la necesidad de restaurar la aspersión aérea con el argumento de que “Colombia necesita un consenso, con el apoyo de las Cortes, para el restablecimiento inmediato de la aspersión aérea, así se haya acordado lo contrario por debajo de la mesa con FARC. A más coca, menos paz y menos democracia”.
El tema de los cultivos ilícitos mantiene un rol central en el debate nacional sobre la seguridad, el desarrollo rural y la gobernabilidad. La confrontación pública entre Duque y Petro expone dos visiones opuestas: en un lado, el restablecimiento urgente de la aspersión aérea como medida disuasiva; en el otro, la transformación estructural de las zonas afectadas con inversión social y fortalecimiento institucional.
Los mensajes de ambos líderes reflejan la complejidad de la problemática y el impacto directo que las decisiones políticas han tenido en los últimos años sobre la expansión de los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Mientras tanto, las proyecciones y cifras divulgadas por el gobierno actual prometen mantener en el centro del escenario el debate sobre cuál es la estrategia más eficaz para enfrentar las economías ilegales y sus consecuencias en el país.
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