La reciente ola de violencia en Colombia, marcada por los atentados en Antioquia y Cali, no ha frenado el trabajo de los negociadores del Gobierno en los procesos de paz. El presidente Gustavo Petro anunció que pedirá a la Agencia Jurídica del Estado iniciar trámites para que el Clan del Golfo —que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)—, las disidencias de Iván Mordisco (LMC) y otros grupos armados sean reconocidos internacionalmente como organizaciones terroristas.
Frente a esta declaración, Álvaro Jiménez, jefe negociador con el EGC, explicó que la continuidad del diálogo no depende únicamente de esa categorización.
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“Este país sigue teniendo problemas de violencia que no se han podido resolver solo con la fuerza armada. Por eso debemos apoyar a las Fuerzas Militares, pero también mantener abiertos los caminos institucionales de diálogo”, afirmó en declaraciones a Blu Radio.
En esa misma línea, Armando Novoa, negociador con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, informó desde Tumaco que la mesa con esa organización “avanza seria y responsablemente”, con compromisos en desescalamiento militar, destrucción de material de guerra y programas de sustitución de cultivos ilícitos.
“El proceso tiene un buen pronóstico. Sería un error gravísimo para las comunidades de Nariño y Putumayo darlo por terminado, pues han encontrado alivio en la instalación de esta mesa”, subrayó Novoa. Según dijo al medio citado, no han recibido instrucciones de suspender las conversaciones y los encuentros continúan en resguardos indígenas.
Ambos negociadores coincidieron en que frenar el proceso enviaría un mensaje negativo a los territorios más golpeados por la violencia, donde las comunidades esperan resultados de la política de Paz Total.
Atentados en Antioquia y Cali reavivan el debate
La defensa de la continuidad del diálogo ocurre en medio de los atentados que conmocionaron al país. En Antioquia, un helicóptero Black Hawk de la Policía fue derribado con explosivos cuando adelantaba labores de erradicación de cultivos ilícitos en Amalfi.
El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director General de la Policía Nacional, relató: “Trece policías que fueron parte de un grupo de profesionales en el programa de la erradicación de cultivos ilícitos estaban erradicando en el nordeste del departamento de Antioquia y el Frente 36 de las Farc accionó de forma demencial artefactos explosivos, uso de drones, tatucos, en contra de la integridad de nuestros policías”.
El saldo fue devastador: 13 uniformados muertos y cuatro más gravemente heridos, trasladados a Bogotá para recibir atención médica especializada.
Horas después, el terror se trasladó a Cali. Una explosión cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez dejó seis muertos y más de 70 heridos. El viernes 22 de agosto, el alcalde Alejandro Éder aseguró: “No piensen que esto es en Cali, se está deteriorando el país”.
El presidente Petro confirmó la captura de alias Sebastián, presunto integrante del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, vinculado al hecho. “Pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico”, señaló en su cuenta de X.
Sobre la acción internacional contra grupos armados
Ante la escalada de violencia, el presidente Petro vinculó los recientes asesinatos de tres hombres dedicados a las esmeraldas en Bogotá con redes de narcotráfico. Según dijo, los crímenes podrían estar relacionados con el homicidio del senador Miguel Uribe Turbay. “En Bogotá ya han fusilado tres señores dedicados a las esmeraldas, con francotiradores”, afirmó.
El mandatario aseguró que instará a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado a abrir procesos legales, además de solicitar a organismos internacionales investigar a los líderes de estos grupos por crímenes de guerra y de lesa humanidad. “Le solicitaré a la Corte Internacional que realice una investigación por los hechos cometidos”, declaró.
Petro advirtió que estos grupos operan bajo una lógica de terror, con presencia en regiones estratégicas como Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe, y resaltó su vínculo con el antiguo bloque capital de los paramilitares.
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