Luz Adriana Camargo fue ratificada por el Consejo de Estado como fiscal General de la Nación

El Consejo de Estado dejó en firme la elección de Luz Adriana Camargo Garzón como fiscal General de la Nación tras analizar y rechazar una demanda de nulidad electoral presentada en su contra.

El fallo, emitido el 21 de agosto de 2025 por la Sección Quinta en sentencia de única instancia, responde a múltiples señalamientos sobre la legalidad del acto de elección.

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La demanda alegaba que el nombramiento de Camargo Garzón contenía vicios de nulidad por presunta infracción de norma superior, expedición irregular, falta de motivación, presión indebida sobre nominadores, electores y autoridades electorales, así como por la existencia de un supuesto conflicto de intereses.

Estos alegatos se centraron, principalmente, en la composición de la terna presidencial para el cargo de fiscal, en la que, según los demandantes, debió incluirse al menos a un hombre.

También señalaron que la terna quedó incompleta después de la renuncia de Amelia Pérez Parra y argumentaron que la sesión en la que fue elegida Camargo Garzón no reunía los requisitos legales, ya que, aseguraban, la funcionaria había obtenido solo 13 votos cuando el mínimo requerido era de 16.

La Sala de Decisión revisó exhaustivamente las pruebas aportadas. Determinó que, en lo relativo a la conformación de la terna, el presidente de la República está obligado únicamente a incluir a al menos una mujer, tal como lo exige la normatividad vigente sobre equidad de género, siempre y cuando las candidaturas acrediten los requisitos y calidades legales para el cargo.

El tribunal concluyó también que la terna enviada inicialmente a la Corte Suprema de Justicia no incluía debidamente los soportes documentales para demostrar que las postuladas cumplían dichos requisitos, hecho que no representó un vicio invalidante.

Respecto a la dimisión de Amelia Pérez Parra, la decisión especifica que esta fue radicada ante la Corte Suprema de Justicia y no ante el presidente de la República, que es el único competente para recibir y tramitar tal renuncia.

El fallo precisa que la Corte, en calidad de organismo elector, carece de facultad para decidir sobre dicha renuncia. Además, se verificó que la candidata no fue seleccionada en ninguna sesión en la que solo consiguió 13 apoyos, pues la mayoría exigida era de 16 votos.

Con base en los elementos analizados, la Sección Quinta no encontró acreditados ninguno de los vicios señalados por los demandantes.

De este modo, las pretensiones de nulidad fueron negadas, permitiendo que la elección de Luz Adriana Camargo Garzón como fiscal general de la Nación se mantenga vigente.

Denuncia contra Luz Adriana Camargo

La fiscal general Luz Adriana Camargo y los fiscales delegados ante la Corte Suprema María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval Vargas fueron denunciados por presunta participación en un caso de corrupción vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el contexto de la situación judicial de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

La denuncia apunta a supuestas irregularidades en la gestión de este proceso y a posibles delitos cometidos durante la fuga de González del país.

Entre los hechos señalados, se destacan la presunta comisión de delitos como fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento.

El recurso judicial fue presentado por Pablo Bustos Sánchez, representante y apoderado legal de la Red de Veedurías de Colombia (Red-Ver) y también representante de víctimas de la comunidad Pororu, en La Guajira.

El documento presentado ante las autoridades incluye además a la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Camila Sarabia Torres, como denunciada por estos mismos hechos. La denuncia sostiene que existieron conductas que, de ser comprobadas, podrían constituir graves delitos en el manejo del caso González, quien es investigado por presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la Ungrd.

El proceso, ahora en revisión por parte de las instancias judiciales, busca esclarecer hasta qué punto hubo encubrimiento y favorecimiento en la salida de González y en las actuaciones vinculadas con las investigaciones sobre la corrupción en la Ungrd.