Fuertes críticas frente decisión de la Corte de devolver la intervenida EPS Sanitas

El enfrentamiento entre el Gobierno y la EPS Sanitas tuvo un nuevo capítulo esta semana. En un escenario marcado por la discusión de la reforma a la salud en el Congreso, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo volvió a lanzar fuertes críticas contra la entidad y cuestionó la decisión de la Corte Constitucional, que en un fallo reciente ordenó devolver la administración de la EPS a sus propietarios.

La situación se remonta a junio de 2025, cuando el alto tribunal declaró nula la intervención de Sanitas y determinó que debía ser restituida al grupo Keralty.

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Sin embargo, casi dos meses después, la orden judicial sigue sin cumplirse. La Superintendencia Nacional de Salud no ha entregado el control de la entidad y, ante la demora, Keralty decidió acudir nuevamente a la Corte para pedir que se haga efectiva la sentencia.

Durante el debate en la Comisión Séptima del Senado, el ministro Jaramillo insistió en que la administración actual ha cumplido con todas sus obligaciones financieras en el sector.

Según sus palabras, no existe deuda del Gobierno con las EPS. En referencia a Sanitas, señaló que la entidad no reúne las condiciones exigidas en términos de patrimonio, capital y reservas.

El jefe de la cartera de Salud fue enfático en su intervención. De acuerdo con lo citado por Semana, afirmó: “Hoy Sanitas no cumple ni con el patrimonio, ni con el capital, ni con la reserva, para que les estemos entregando recursos. Y, además, cuando lo hemos cumplido con absolutamente todo. Hoy el Gobierno nacional no debe un solo peso. Todo ha sido cumplido con rigurosidad”.

El pronunciamiento se produjo mientras avanza la discusión de la ambiciosa reforma a la salud, proyecto central en la agenda legislativa del presidente Gustavo Petro. En ese contexto, Jaramillo también se refirió a las críticas que distintos sectores han lanzado sobre la gestión gubernamental en el sistema de salud.

Ante los cuestionamientos, respondió con una frase que buscó defender el rumbo de la actual administración: “Aquí dicen llegó Petro y esto se acabó. Y no, no se ha acabado”.

El choque entre Sanitas y el Ejecutivo no es nuevo. La intervención de la EPS por parte de la Superintendencia, medida adoptada meses atrás, generó controversias jurídicas y políticas. Mientras que el Gobierno sostuvo que la decisión respondía a incumplimientos financieros y de gestión, los propietarios alegaron que la medida era desproporcionada y vulneraba sus derechos. Con el fallo de la Corte Constitucional a su favor, el grupo Keralty esperaba recuperar el control de la EPS. Sin embargo, el incumplimiento de la orden ha prolongado la tensión.

En el Palacio de Justicia, la defensa de Sanitas ha argumentado que la demora en ejecutar la sentencia afecta no solo a los accionistas, sino también a los afiliados, quienes requieren estabilidad en la prestación de los servicios de salud. Por ello, solicitaron al alto tribunal que adopte medidas adicionales que garanticen el cumplimiento de lo ordenado.

La postura del ministro Jaramillo, expuesta en el Senado, refuerza la idea de que el Gobierno no comparte la interpretación del fallo constitucional. Para el titular de la cartera de Salud, los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son suficientes para cubrir las necesidades del sistema, en contravía de lo que ha sostenido Sanitas en sus reclamos.

Este episodio se suma a un ambiente de debate intenso sobre el futuro del sistema de salud en Colombia. La reforma propuesta por el Ejecutivo ha despertado apoyos y rechazos en diferentes sectores políticos y sociales. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de transformar la manera en que se financian y administran los servicios, voces críticas advierten que cambios estructurales sin consensos amplios podrían traer dificultades.

La controversia también ha tenido eco en escenarios judiciales y administrativos. La decisión de la Corte Constitucional fue clara en cuanto a la devolución de Sanitas a sus propietarios, pero el cumplimiento de la orden sigue en entredicho. Con la nueva solicitud presentada por Keralty, se espera que el alto tribunal vuelva a pronunciarse para definir los pasos a seguir.

Por ahora, lo cierto es que la discusión en el Congreso y en los tribunales refleja la magnitud de un tema que involucra tanto la política pública como la garantía del derecho a la salud de millones de usuarios. La intervención del ministro Jaramillo en el Senado dejó en evidencia que el Gobierno mantiene una posición firme frente a la EPS Sanitas, al tiempo que insiste en avanzar con la reforma que ha sido presentada como uno de los ejes de su administración.