La escena volvió a repetirse. Por séptima vez consecutiva, la Comisión Primera del Senado no logró abrir el debate sobre el proyecto que busca convocar un referendo para otorgar mayor autonomía fiscal a las regiones. La iniciativa, que había sido incluida como primer punto del orden del día el martes 19 de agostos, tuvo que ser aplazada nuevamente por falta de quórum.
El estancamiento generó molestia entre los impulsores del referendo, quienes insisten en que el país necesita discutir de fondo la descentralización de los recursos. El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, uno de los principales voceros del proyecto, no ocultó su inconformidad y señaló directamente a sectores cercanos al Gobierno de Gustavo Petro.
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“Es la incoherencia de los amigos del Gobierno Nacional. Cuando hablaban de la consulta popular exigían que tenían que estar los senadores en la plenaria en un trámite que no es tan exigente como el referéndum de forma constitucional. Y hoy, que se ha programado por séptima vez en la Comisión Primera no integran el quorum”, afirmó Motoa en conversación con El Colombiano.
Motoa aseguró que la ausencia de congresistas gobiernistas no fue casual. “De los senadores gobiernistas ninguno vino. Tal vez la coordinadora ponente, la senadora Clara López, que está en contra de la iniciativa. Los demás hicimos presencia, estamos listos para el debate porque entendemos la responsabilidad con la ciudadanía, pero también la responsabilidad con los promotores de este proyecto que lo que busca es que los recursos de renta y patrimonio se queden donde se generan, en las regiones, para poder atender las necesidades de los colombianos”, señaló.
El legislador mencionó nombres concretos, María José Pizarro, Aida Quilcué y Julián Gallo, del Pacto Histórico, además de Ariel Ávila y León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde. Según Motoa, su ausencia se tradujo en un bloqueo directo al proyecto. “No quisieron hacer el quorum que hoy exigen este tipo de iniciativas y también deja un muy mal antecedente frente a una discusión técnica argumentada hoy en la Comisión Primera Constitucional”, recalcó.
Incluso fue más allá al advertir que existe una directriz interna del Gobierno para impedir que el referendo avance. “La exigencia es oponerse, bloquearla y de tratar de realizar esta clase de estrategias. Quieren recurrir a la dilación y a la falta de tiempo, pero esperemos que entren en razón, tengan sensatez y podamos entrar a la discusión de este proyecto”, concluyó al diario antes mencionado.
El proyecto no nació en el Congreso sino de una iniciativa ciudadana. Con más de dos millones de firmas validadas, la propuesta plantea consultar a los colombianos si debe modificarse el artículo 298 de la Constitución Política, con el fin de que los departamentos y el Distrito Capital administren directamente los recursos de renta y patrimonio que se generan en sus territorios.
En otras palabras, lo que está en juego es un cambio profundo en la manera como se distribuyen los ingresos tributarios. Actualmente, gran parte de esos recursos se concentran en el Gobierno nacional. Con la reforma, los departamentos tendrían la posibilidad de decidir sobre esos dineros, lo que en teoría fortalecería la inversión y el desarrollo local.
Si el Congreso logra aprobar la iniciativa, el siguiente paso será la revisión de la Corte Constitucional, que deberá determinar si el trámite cumplió con todos los requisitos legales. Solo después de ese filtro se podría convocar oficialmente al referendo.
Para sus promotores, el proyecto representa una deuda histórica con las regiones. Alegan que departamentos que aportan sumas considerables al fisco nacional reciben de vuelta apenas una fracción, lo que limita su capacidad para atender necesidades sociales urgentes.
El debate, sin embargo, sigue estancado. Y mientras la Comisión Primera no logre sentar a todos sus miembros, la discusión sobre descentralización fiscal continuará en suspenso, alargando un pulso político que ya acumula siete intentos fallidos.
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