Así avanza el pedido para desclasificar archivos secretos sobre toma del Palacio de Justicia: autoridades estadounidenses no responden

El país está menos de tres meses para conmemorar la cuarta década de la toma y retoma del Palacio, una tragedia que significó la muerte de casi 100 personas y dejó un manto de duda sobre los autores materiales de las ejecuciones extrajudiciales.

De hecho, de cara a su aniversario, pocos han sido los avances en las investigaciones, después de que ni la justicia transicional, ni el propio presidente Gustavo Petro hayan logrado tener acceso a los archivos secretos que mantienen las agencias de inteligencia estadounidenses sobre el caso.

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A pesar del tiempo transcurrido, la sociedad sigue dividida por la ausencia de una verdad incontrovertible respecto a los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. El negacionismo, advierten las víctimas y expertos, representa un serio obstáculo para la reconciliación, en la medida en que aún se desconoce a fondo el rol de autoridades nacionales y extranjeras.

Parte esencial para avanzar en el esclarecimiento, sostienen los afectados, consiste en acceder a los archivos clasificados de diversas agencias estadounidenses. Incluso, algunos documentos ya desclasificados y recordados por la revista Cambio han sugerido que las fuerzas de inteligencia militar colombiana sí tenían conocimiento sobre advertencias reales contra la seguridad del palacio.

Además, durante los enfrentamientos y posteriores operaciones militares, se reportó un intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos, así como la llegada de personal estadounidense a Bogotá “en plena crisis”.

Según un reciente informe de la revista Cambio, hasta el momento se han desplegado dos vías oficiales para lograr la desclasificación: un camino judicial iniciado en 2023 en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una gestión administrativa impulsada por el presidente Gustavo Petro y la Embajada de Colombia en Estados Unidos. Esta última gestión respondió a la petición histórica de la hija del magistrado Carlos Horacio Urán, ejecutado extrajudicialmente tras el asalto.

De hecho, la entrevista publicada por Helena Urán Bidegain en el diario nacional el 3 de noviembre de 2024, con el exagente de inteligencia José Leonario Dorado, aportó nuevos testimonios sobre ejecuciones, torturas y desapariciones durante el asalto al Palacio de Justicia.

Ese relato fue entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y motivó excavaciones en la antigua sede de la Brigada 20 del Ejército en el sur de Bogotá.

En noviembre de 2023, la JEP ordenó por vez primera a la Cancillería iniciar trámites ante instancias diplomáticas. Aunque la respuesta inicial fue lenta, en febrero de 2024 la Embajada remitió la primera solicitud formal de desclasificación —la “Nota Verbal S-EUSWHT-24-432”— y reiteró el reclamo en posteriores llamadas y correos electrónicos.

En septiembre de 2024, a falta de resultados concretos, la Fiscalía presentó un pedido amparado en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal directamente ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Pese a estos pasos, el trámite ha sido calificado por la JEP como insuficiente. En un auto del 4 de agosto de 2025, citado por Cambio, la jurisdicción enfatizó que “la Cancillería colombiana en el marco de la cooperación internacional establecida con el gobierno de Estados Unidos debe promover y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos y de las víctimas del conflicto armado, determinando los mejores mecanismos y prácticas en aras del proceso de desclasificación de archivos”.

El tribunal destacó que no basta con una única gestión, sino que se hace necesaria la insistencia del Gobierno nacional y las instancias diplomáticas para conseguir el visto bueno de los norteamericanos.

La posibilidad de obtener mejores resultados se percibió durante la administración de Joe Biden. Una de las principales críticas de Urán Bidegain apunta precisamente al “desperdicio de tiempo y la negligencia en un asunto que se hubiera podido hacer hace tres años” y lamenta que en la coyuntura actual “hay un gobierno (en Estados Unidos) que no sabemos que tan afín sea para apoyar estos intentos por esclarecer hechos de violencia política como el del Palacio de Justicia”.

Ante la falta de progreso, Urán Bidegain —con el respaldo del National Security Archive y expertos de Argentina— preparó una carta formal para ser enviada con la firma del presidente Petro.

La misiva, basada en experiencias exitosas en la región, solicitaba la desclasificación extensa y acelerada a través del Consejo de Seguridad Nacional e incluía un listado detallado de documentos clave de los Departamentos de Estado, Defensa, la CIA, el FBI, la Casa Blanca y el Comando Sur estadounidense, entre otros.

No obstante, la versión final de la solicitud que fue enviada por el embajador Daniel García-Peña se modificó y no se conoce públicamente; de acuerdo con Urán Bidegain, “estas cosas tienen que ser lo más preciso posible”, en alusión a que una solicitud genérica puede ser fácilmente desestimada o demorada por las contrapartes estadounidenses.

En diciembre de 2024, el presidente Petro confirmó en su cuenta de X que “he pedido desclasificar los archivos secretos de los Estados Unidos. para el año 1985”. En febrero de 2025, trascendió que la petición también incluía la desclasificación de documentos sobre el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, solicitud que acompaña una histórica exigencia de la familia del líder político.

Hasta ahora, la única respuesta oficial de Estados Unidos consiste en señalar que “dará trámite” a la solicitud, sin especificar tiempos ni alcances. En abril de 2025, según información conocida por Cambio, el embajador García-Peña se reunió en Washington con Michael Evans del National Security Archive para abordar el interés colombiano en la apertura de estos archivos.