El expediente judicial que analiza la supuesta alianza para suministrar armas sirias al ELN colombiano revela más detalles sobre la presunta operación de lavado de dinero y tráfico de armas que ha generado una acusación formal en Estados Unidos.
El documento de la justicia norteamericana, que logró obtener la revista Cambio, señala una trama internacional en la que dos empresarios colombianos y un presunto narcotraficante libanés habrían acordado, entre 2023 y principios de 2025, proveer armamento militar originalmente del régimen de Bashar Al-Assad al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a cambio de cocaína.
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El acta de acusación del Distrito Este de Virginia detalla que los colombianos Alirio Rafael Quintero Quintero, de 46 años, y Wisam Nagib Kherfan-Okde, de 48, junto con el supuesto capo libanés Antoine Kassis, elaboraron un esquema para facilitar tanto el financiamiento ilícito de organizaciones como carteles de droga y grupos terroristas, como el tráfico internacional de armas.
El documento judicial obtenido por Cambio afirma que el grupo “prestaba servicios de lavado de dinero a carteles de la droga, organizaciones terroristas extranjeras y otros, y recibía una parte del dinero blanqueado como pago por sus servicios”.
En uno de los apartados esenciales del indictment, el fiscal Erik S. Siebert detalla las responsabilidades dentro de la organización criminal: Quintero habría coordinado operaciones de lavado entre Estados Unidos, México y Colombia, incluso con el Cartel de Sinaloa; Kherfan habría liderado la actividad de lavado en otras regiones, mientras que Kassis utilizó su influencia en el régimen sirio para el tráfico de drogas y la obtención de armas.
Incluso, tras la caída del régimen el 8 de diciembre de 2024, Kassis “tuvo acceso a armas previamente proporcionadas al régimen de Assad por gobiernos extranjeros, incluidos Rusia e Irán”.
El Gobierno de Estados Unidos les imputa a los tres acusados los delitos de conspiración narcoterrorista y conspiración para suministrar apoyo material a una organización terrorista extranjera, con cargos adicionales de lavado de activos para los colombianos, quienes permanecen detenidos en Bogotá en espera del fallo sobre su extradición.
La investigación abierta señala que entre abril de 2024 y marzo de 2025, los procesados “acordaron suministrar armas de uso militar desviadas del régimen de Assad en Siria al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a cambio de cientos de kilogramos de cocaína”.
Según se especifica en la acusación, la maniobra incluía un envío ficticio de frutas desde Colombia a Latakia, Siria, cuyo verdadero objetivo era el transporte de 500 kilogramos de cocaína. El acta indica que Kassis viajaría para reunirse con un inspector de armas del ELN y firmaría el contrato para la operación.
Respecto a los mecanismos de lavado, el indictment obtenido por Cambio sostiene que desde febrero de 2023 Quintero “comenzó a lavar dinero que creía provenía del narcotráfico del ELN”. En al menos tres ocasiones recibió transferencias por un total de 439.979 dólares, los cuales convirtió en criptomonedas y remitió a cuentas que consideraba controladas por la guerrilla colombiana.
Para Kherfan, la implicación se concreta en la coordinación logística de recepción de criptomonedas, cifrada en 641.600 dólares, y en la organización de entregas de dinero en efectivo a individuos que aseguraban ser pilotos traficantes en Ghana y Marruecos.
El caso también expuso la defensa de uno de los implicados: el abogado de Quintero, Andrés Álvarez, manifestó ante Cambio que su representado fue víctima de “entrampamiento” por parte de la DEA.
“presuntamente se habría inducido a mi representado a actuar bajo engaño para realizar unas transferencias en criptomonedas que provenían del producto de venta de drogas de un grupo armado ilegal en Colombia. No obstante, cabe aclarar que Quintero no actuó dentro del supuesto negocio de compra de armas”, aclaró el litigante.
Quintero presentó ante la Corte Suprema de Justicia documentación y pruebas que, según su defensa, evidenciarían la inducción por parte de agentes estadounidenses y la participación de una mujer identificada como Selma Nazer.
Según la declaración, lo ocurrido solo corresponde a la gestión de compraventa de criptomonedas bajo engaño. El escrito entregado a la Corte menciona que Quintero únicamente “creía” que los fondos tenían origen en el narcotráfico del ELN y que esta información fue dada “por la supuesta fuente, quien presuntamente se habría identificado de forma falsa como miembro de dicho grupo armado”, según indicó el abogado al medio nacional.
El proceso judicial en Estados Unidos, cuyo juicio está previsto para diciembre de 2025, promete arrojar luz sobre los nexos entre organizaciones ilegales de varios continentes, a la vez que expone las dificultades legales y diplomáticas vinculadas a delitos complejos como el narcotráfico, el lavado de activos y el suministro de armas.
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