El expresidente Álvaro Uribe Vélez afronta un juicio oral por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal que ya está en la recta final. Luego de que la Fiscalía General de la Nación, como ente acusador, interrogara a decenas de testigos, y de que la defensa del exmandatario hiciera lo propio, las partes presentaron sus alegatos de conclusión y solicitaron, respectivamente, su absolución o condena.
El Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, liderado por la jueza Sandra Liliana Heredia, tiene la responsabilidad de tomar una decisión en primera instancia. La sentencia se conocerá el 28 de julio de 2025, y desde entonces, se ha especulado sobre la definición de su situación jurídica.
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Una de las personas que se pronunció al respecto es Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela. En el programa Con el mazo dando, afirmó que en la fecha estipulada por la jueza Heredia para la lectura del sentido del fallo contra el expresidente Uribe se celebrará su posible condena.
“Venezuela va a tener y el mundo va a tener razones para celebrar el 28 de julio, celebramos la victoria de la consulta popular, celebramos el primer año de la victoria del presidente Maduro, celebramos el cumpleaños del comandante Hugo Chávez y ahora vamos a celebrar la condena del matarife (Álvaro Uribe)”, aseveró.
Lo mismo hizo Rodrigo Londoño, líder del partido político Comunes, integrado por excombatientes de las Farc-EP, que respaldó al senador Iván Cepeda Castro, reconocido como víctima en el proceso penal contra el exmandatario.
“Colombia se aproxima a conocer la sentencia contra el presidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal. Las víctimas y funcionarios honestos de la rama judicial han tenido que sortear la presión de poderes corruptos y mafiosos que exigen impunidad”, indicó.
La denuncia del Centro Democrático
Las declaraciones de ambos políticos generaron rechazo en el país político colombiano, específicamente, en el partido Centro Democrático, fundado por el ex jefe de Estado. A través de un comunicado, la colectividad y la firma Víctor Mosquera Marín Abogados rechazaron las palabras de Cabello y de Londoño, y aseguraron que iniciaron una “campaña pública celebrando anticipadamente una supuesta condena” contra el exmandatario.
Desde su perspectiva, el ministro venezolano y el exintegrante de las Farc-EP estarían encaminando operaciones articuladas para interferir en la independencia judicial en torno al caso del expresidente. Tanto la firma de abogados como la Fundación Derechos y Justicia Asociados, que tienen estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), afirmaron que en la estrategia están involucrados partidos de izquierda y estructuras armadas ilegales.
En el comunicado emitido por el Centro Democrático se indica que las declaraciones en contra del exmandatario, que anticipan su condena, constituyen ataques a la independencia y autonomía judicial, e impiden el debido proceso.
“Esta operación mediática y en redes sociales (…) forma parte de una estrategia sistemática de lawfare orientada a destruir su legitimidad política, condicionar el fallo judicial e intimidar a los jueces que conocen del caso”, indicó el partido en la comunicación.
En consecuencia, tanto la firma como el partido informaron formalmente sobre los hechos al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados.
“No se trata de manifestaciones espontáneas ni aisladas. Es una acción articulada que busca manipular la opinión pública, vulnerar la presunción de inocencia y ejercer presión indebida sobre la judicatura colombiana”.
Añadieron: “No guardaremos silencio frente a una campaña que, desde 2012 y bajo el liderazgo del senador Iván Cepeda, ha vulnerado derechos fundamentales y ha pretendido instrumentalizar el aparato judicial con fines políticos”.
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