Reforma pensional aprobada por el Congreso tiene graves vacíos, aseguró la Anif: “Aún hay dudas jurídicas, técnicas y operativas”

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) expresó su preocupación frente a algunos aspectos del nuevo sistema pensional aprobado por la Cámara de Representantes, en una de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Aunque la organización reconoce avances importantes en la propuesta, identificó al menos tres elementos críticos que podrían afectar su efectividad y sostenibilidad. Los apuntes emitidos por Anif están expuestos en sus redes sociales, las cuales han sido citadas por medios económicos para contrastar la posición del centro de estudios con la de los defensores de la reforma.

“La aprobación avanza, pero aún hay dudas jurídicas, técnicas y operativas.Desde Anif seguiremos analizando sus impactos para contribuir con una mirada técnica, equilibrada y responsable”.

La reforma, que fue avalada por la plenaria de la Cámara el pasado fin de semana, establece un Sistema de Protección Social Integral para la Vejez compuesto por cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Su propósito, tal como lo describen sus defensores, es ampliar la cobertura, reducir la inequidad del régimen actual y garantizar un ingreso básico a la población adulta mayor.

No obstante, el centro de estudios económicos advirtió que aún persisten interrogantes sobre su capacidad para cumplir plenamente con los principios de universalidad, equidad y sostenibilidad que el mismo proyecto se propone alcanzar.

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Uno de los principales puntos críticos que Anif identifica es la situación de las personas que han cotizado menos de trescientas semanas y que no se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad.

Según el centro de pensamiento, este segmento de la población quedaría sin una solución clara bajo el nuevo esquema, ya que no cumpliría con los requisitos para ser parte del Pilar Semicontributivo ni tampoco accedería al ingreso básico del Pilar Solidario, reservado para los sectores más vulnerables.

En ese escenario, las únicas alternativas para este grupo serían la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos en caso de tener ahorros en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais).

La preocupación de Anif radica en que estas personas quedarían excluidas de la posibilidad de continuar cotizando y generando rendimientos, lo que sí era posible bajo el régimen de ahorro individual vigente hasta ahora.

Con la entrada en vigor de la nueva legislación, esa posibilidad desaparecería, restringiendo los mecanismos de protección para quienes no logren consolidar una pensión completa, pero tampoco encajen en las categorías de mayor vulnerabilidad.

El segundo punto de advertencia tiene que ver con el funcionamiento proyectado del Pilar Semicontributivo.

De acuerdo con Anif, este componente podría generar condiciones menos favorables para algunos trabajadores en comparación con el régimen vigente contemplado en la Ley 100 de 1993. A pesar de que el diseño de este pilar incluye un subsidio sobre el saldo acumulado, se estima que el rendimiento real de los ahorros sería más bajo, lo que podría traducirse en menores beneficios para los cotizantes.

Un tercer elemento que genera inquietud es la introducción de un componente diferencial para poblaciones étnicas y campesinas.

En el texto aprobado se contempla una reducción en los requisitos de edad y semanas cotizadas para pueblos indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinos, bajo el argumento de que presentan una esperanza de vida más baja que el promedio nacional.

Si bien Anif reconoce que existe evidencia que respalda esa diferencia, advierte que la brecha en salud y longevidad se ha reducido de forma sostenida en los últimos años, debido a mejoras en el acceso a servicios de salud y en las condiciones de vida en general.

Por tanto, sugieren que este enfoque diferencial debe ser revisado a la luz de datos más actualizados y proyecciones de largo plazo.

En paralelo, expertos del sector privado han comenzado a analizar el alcance normativo de la reforma. Rubén Cortés, socio de BSO-Nómina BDO Colombia, precisó, en diálogo con La República, que la implementación de la ley está supeditada a la decisión de la Corte Constitucional.

Según explicó, la reforma empezará a regir a partir del día hábil siguiente a la fecha en la que el alto tribunal emita su fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la ley. Cortés aclaró que las afiliaciones previas a las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), conocidas como Accai, no se eliminan, sino que su aplicación se pospone hasta que la Corte emita su decisión.

Más allá del nuevo sistema aprobado, Anif también hizo un balance crítico del régimen actual, señalando que ha fracasado en garantizar la cobertura efectiva a la población en edad de jubilación. Según sus estimaciones, cerca del 70% de los adultos mayores en Colombia no acceden a una pensión, debido a la alta informalidad laboral, la intermitencia en los aportes y los requisitos exigentes para pensionarse. Además, el diseño actual es considerado inequitativo, ya que una proporción significativa de los subsidios del régimen público se concentra en los pensionados de mayores ingresos.

Anif sostiene que el 70% de esos beneficios terminan favoreciendo al 40% más rico de la población, lo que perpetúa desigualdades. También advirtió que el gasto público en pensiones supera el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa una presión considerable sobre las finanzas públicas.