
Todavía hay ecos de las críticas contra el encuentro que sostuvo el pasado sábado el presidente de la República, Gustavo Petro, con nueve jefes de bandas criminales en la icónica plaza de La Alpujarra, en el centro de Medellín, dentro del denominado proceso de cese de la violencia que adelanta el Gobierno nacional con esas estructuras.
Entre los funcionarios que cuestionaron al mandatario incluso estuvo la defensora del Pueblo, Iris Marín, que afirmó que aunque era positivo que desde la administración Nacional trabajaran por la paz en esa ciudad, pero que no era admisible que presentaran a los delincuentes en plaza pública, teniendo en cuenta la serie de delitos que han perpetrado.
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“Los responsables de crímenes graves como homicidios, desapariciones forzadas, reclutamiento y uso de niñas y niños, violencia sexual, entre otros, no deben tener un lugar de honra y distinción, sino que deben comparecer ante la ley y someterse plenamente a ella”, reprochó en un video que publicó el lunes 24 de junio en su cuenta oficial de la red social X.
Marín criticó que los jefes de las bandas hubieran tenido protagonismo en ese evento presidencial, cuando en un proceso de esa naturaleza se debía enfocar en las víctimas.
“[Se debe] definir un marco jurídico de sometimiento a la justicia de los responsables de los crímenes que sirva para este proceso de paz urbana, así como los de Buenaventura o Quibdó. Este marco de sometimiento debe tener como base la garantía de los derechos de las víctimas y garantizar también la independencia de la labor de la Fiscalía y de la Rama Judicial”, expresó.
Sin embargo, esas críticas no cayeron bien al presidente Petro, que durante el consejo de ministros televisado que llevó a cabo en la noche del mismo lunes reaccionó contra la servidora pública y aseguró que, por el contrario, el hecho de que los criminales estuvieran en plaza pública era un acto de reparación.
“Se dedican a tirar rayos... Hasta la defensora del Pueblo que no se da cuenta que poner a esos señores que están presos a hablar delante del pueblo, que fue víctima de ellos, habla de restauración”, aseguró.
Seguido, y dirigiéndose al ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, Petro indicó que estaba por sancionar una nueva normativa que se enfoca en lo que denominó como “justicia restaurativa” donde los criminales, a cambio de beneficios judiciales, reparen a sus víctimas.

“Se trata precisamente de que un delincuente, incluso antes de entrar a la cárcel, restaure a la víctima y cuente la verdad. Verdad y restauración, eso es lo que venimos repitiendo desde el Congreso de la República hasta con Benedetti cuando era uribista y se discutía el tema del proceso de paz con los paras”, afirmó.
El presidente recordó que incluso se ha reunido con Salvatore Mancuso, quien fuera el máximo jefe criminal de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el ánimo de lograr con él procesos de reparación con las víctimas y para que cuente la verdad de todos los hechos alrededor del conflicto armado.

No obstante, hizo hincapié en que esa era precisamente la contrariedad que se provocaba, que los victimarios hicieran revelaciones.
“Cuando me saludé con Mancuso, delante de la población campesina de Tierra Alta [Córdoba], entonces dijeron que terrible. No, terrible los que negociaron con él para matar campesinos, no cuando él decide restaurar y decir la verdad. Pero como le tienen tanto miedo a la verdad, entonces el pecado está ahí. Por eso le prohibieron a los ‘paras’ ir a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz)”, aseguró.
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