La abogada y líder del Centro Democrático Amalia Salgado presentó una demanda de nulidad contra la circular expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro el pasado 27 de mayo de 2025.
La acción judicial busca frenar los efectos de una medida que, según la demandante, vulnera el derecho fundamental a la propiedad privada y constituye un paso hacia la expropiación sin garantías.
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La circular, dirigida a todos los notarios del país, establece un procedimiento obligatorio para la escrituración de predios rurales ubicados en municipios priorizados para la reforma agraria.
Según el documento, antes de formalizar cualquier negocio jurídico que disponga o prometa disponer del derecho de dominio de estos inmuebles, los propietarios deben diligenciar un formulario electrónico a través de un micrositio dispuesto por la Superintendencia de Notariado y Registro. A partir de la notificación a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la entidad cuenta con un plazo de 15 días hábiles para manifestar su intención de ejercer la opción privilegiada de compra.
La circular se ampara en el Decreto 033 de 2025, el cual, en desarrollo de la Ley 160 de 1994, permite a la ANT adquirir predios rurales con fines de utilidad pública e interés social para la reforma agraria. La opción privilegiada de compra aplica para terrenos superiores a dos Unidades Agrícolas Familiares (UAF) o cuya primera adjudicación se haya realizado hace más de 15 años.
El proceso exige que los ciudadanos aporten, al momento de escriturar, una respuesta negativa de la ANT o la constancia de que transcurrieron los 15 días sin pronunciamiento de la entidad. Solo así podrán continuar con el trámite notarial.
Argumentos de la demanda
Para Amalia Salgado, esta disposición administrativa implica una “extralimitación inaceptable del Estado” y rompe el principio de legalidad que debe regir los actos de la administración pública. A juicio de la abogada, la circular establece una restricción que no está contemplada en la Constitución ni en la ley, lo que la convierte en un obstáculo arbitrario para el ejercicio del derecho a disponer de la propiedad privada.
En su pronunciamiento público, aseguró que esta intervención es el primer paso hacia un modelo de expropiación encubierta que recuerda al implementado en Venezuela: “Este es el inicio del expropiase de Chávez. Como mujer llanera, conozco el significado de la tierra. La tierra no es solo un bien material, tiene un contexto de arraigo, de cultura y de identidad. Además, es la transformación para el meta y todo el llano colombiano”.
Y añadió: “A pesar de que diariamente Petro busca una dictadura, aquí estoy, con hechos y con argumentos, en el Palacio de Justicia, un lugar con gran significado histórico. Estoy comprometida a defender a los trabajadores y empresarios del campo, porque si el meta no se rinde, Colombia no se rinde”.
Salgado señaló que la medida “restringe el comercio jurídico de los predios rurales” e impone cargas adicionales a los propietarios, quienes deben someterse a un control estatal previo para poder vender sus tierras.
Debate jurídico y político
La demanda de nulidad presentada por Salgado abre un nuevo capítulo en la controversia nacional sobre el alcance de la reforma agraria promovida por el Gobierno. Sectores opositores consideran que las medidas adoptadas mediante decretos y circulares están limitando los derechos individuales y creando un ambiente de incertidumbre entre los propietarios rurales.
Por su parte, el Ejecutivo ha defendido que la opción privilegiada de compra es un instrumento legal, diseñado para garantizar que el proceso de redistribución de tierras se realice de manera ordenada y respetando los procedimientos establecidos.
El Consejo de Estado decidirá si procede la acción judicial y, de ser así, se determinará si la circular en cuestión se ajusta al marco legal o si, por el contrario, constituye un acto administrativo contrario a la Constitución.
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