
La captura de alias el Hermano marcó un punto clave en el proceso judicial por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Con su detención, las autoridades completan una cadena de implicados que ya venía siendo objeto de investigación, y ahora el foco está puesto en el alcance legal que podrían tener los delitos que se le atribuyen, tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores en la comisión de delitos, todos en concurso heterogéneo.
El abogado penalista Jony Esneider Villegas Arenas explicó a Infobae Colombia que en este caso se configura un concurso heterogéneo de delitos, figura jurídica que aplica cuando una misma persona comete varias conductas punibles de distinta naturaleza antes de haber sido condenada por alguna de ellas. “Aquí hablamos de delitos como tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y el uso de un menor de edad como autor material, todos atribuibles a un mismo sujeto en un solo proceso judicial”, señaló.
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Según el penalista, el delito más grave entre los tres es la tentativa de homicidio agravado. En condiciones normales, si el homicidio se hubiese consumado, la pena oscilaría entre 40 y 60 años de prisión. Pero, al tratarse de una tentativa, la ley contempla que la pena se reduzca a la mitad del mínimo legal. Es decir, al menos 20 años de cárcel, sin contar las sanciones adicionales por los otros delitos.
A eso se suma el porte ilegal de armas, ya que el atentado fue cometido con arma de fuego, y quedó evidencia de su uso. En paralelo, se investiga la participación activa de un menor de edad, que habría ejecutado los disparos. Este último hecho agrava el panorama judicial de alias el Hermano, pues el uso de menores en delitos es un agravante severo en el ordenamiento penal colombiano.
“Cada uno de estos delitos tiene su propia pena, pero al estar en concurso heterogéneo, el juez puede aplicar una sumatoria o establecer una pena unificada según las reglas del sistema”, explicó Villegas Arenas. El resultado, una eventual condena que podría superar los 30 años de prisión si no se presenta una aceptación de cargos o acuerdo con la Fiscalía.

Ahora bien, el “Hermano” aún tiene opciones procesales que podrían reducir considerablemente su pena. El abogado explicó que podría acogerse a una terminación anticipada del proceso penal. Esto implicaría aceptar los cargos de manera libre y voluntaria, y eventualmente llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, donde se pacte una pena menor y se evite el juicio oral.
Otra vía es acogerse al principio de oportunidad, figura contemplada para casos en los que el procesado ofrece información clave que permita avanzar en investigaciones más amplias o desarticular estructuras criminales. “Si la Fiscalía considera valiosa esa colaboración, puede avalar una reducción significativa de la pena o incluso suspender la acción penal en determinados delitos”, explicó Villegas Arenas.
Sin embargo, ninguna de estas opciones es automática. Requiere voluntad de colaboración por parte del capturado y de aceptación por parte del ente acusador, que debe considerar si el beneficio jurídico compensa el valor de la información que se entregue.

Por ahora, el “Hermano” permanece a la espera de las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento, mientras la Fiscalía reúne pruebas que sustenten la acusación. Su vinculación como presunto coautor del atentado ubica su rol en un eslabón clave de la planeación y ejecución del ataque, lo que reduce sus posibilidades de enfrentar una pena benigna si no decide colaborar.
Con este nuevo avance judicial, el caso del atentado contra Miguel Uribe da un paso más hacia su esclarecimiento, aunque la figura de alias el Costeño —presunto autor intelectual aún prófugo— sigue siendo el vacío más crítico en el rompecabezas penal.
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