La incertidumbre vuelve a rondar a Monómeros Colombo Venezolanos, una empresa que durante dos décadas ha sido un engranaje vital para la agricultura colombiana y que ahora enfrenta uno de sus momentos más críticos, la licencia otorgada por Estados Unidos para operar legalmente en Colombia no será renovada.
La decisión, aún no oficializada públicamente, podría tener implicaciones profundas no solo para la empresa con sede en Barranquilla, también para el campo colombiano, especialmente los pequeños productores que dependen de sus fertilizantes subsidiados.
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Según personas cercanas al proceso, el permiso especial que el Departamento del Tesoro de EE. UU. concedió en 2019 está a punto de expirar a finales de junio y, esta vez, no habrá prórroga. Sin esa licencia, Monómeros quedaría prácticamente aislada del sistema financiero internacional, imposibilitada de realizar transacciones, vender sus productos o incluso pagar proveedores, lo que podría llevar a una parálisis operativa.
La planta produce cerca del 28% de los fertilizantes que se consumen en Colombia. También fabrica insumos clave para la industria agrícola y pecuaria, como alimentos para animales, amoniaco y ácido fosfórico. La pérdida de esta capacidad de producción generaría un vacío difícil de llenar en el corto plazo y aumentaría los costos para cientos de agricultores.
Detrás de la medida está la misma lógica que guía gran parte de la política exterior estadounidense hacia Venezuela, presión económica al régimen de Nicolás Maduro por no cumplir compromisos democráticos ni liberar a presos políticos. Durante la administración de Donald Trump, este enfoque se intensificó. Chevron, por ejemplo, fue obligada a cesar sus operaciones en Venezuela en mayo, pese a que representaba cerca del 23% de la producción petrolera del país y era una fuente crucial de divisas.
En ese contexto, Monómeros no es una excepción. Aunque la planta funciona en Colombia y emplea a trabajadores colombianos, sigue siendo un activo estatal venezolano y, por tanto, quedó bajo las sanciones impuestas por Washington. La licencia que se le otorgó en 2019 fue una especie de salvavidas que permitió mantenerla a flote, pero ahora ese salvavidas está a punto de desaparecer.
La administración Biden, aunque menos estridente que la de Trump, no revirtió el rumbo. Este limbo regulatorio se suma a una historia ya compleja. En noviembre de 2024, el presidente Gustavo Petro envió una carta a Nicolás Maduro para pedirle que no avanzara en la venta de Monómeros, una posibilidad que había retomado fuerza desde que se supo que el régimen venezolano buscaba privatizar activos estratégicos. “Esto elevaría el costo de los productos agrícolas en ambos países”, advirtió Petro en ese momento, preocupado por el impacto que podría tener una eventual venta en la seguridad alimentaria y la integración económica regional.
Paralelamente, la Superintendencia de Sociedades de Colombia decidió someter a Monómeros a su mayor nivel de vigilancia, una medida que en teoría busca garantizar la transparencia de sus decisiones y proteger el empleo. La planta barranquillera es, además de estratégica, una fuente importante de trabajo directo e indirecto en la región Caribe.
Lo que está en juego va más allá de una empresa. Es una cadena de producción y consumo que conecta a dos países con intereses comunes, pero con realidades políticas muy distintas. Para muchos campesinos, Monómeros es la garantía de acceso a insumos accesibles en un contexto marcado por la volatilidad del mercado internacional. Su posible cierre o debilitamiento abriría la puerta a una mayor dependencia de productos importados, con precios más altos y márgenes más estrechos para quienes ya trabajan con lo mínimo.
De momento, lo único claro es el silencio. Y mientras los despachos oficiales no aclaren el panorama, quienes más tienen para perder —los agricultores, los empleados de la planta, la economía de Barranquilla— seguirán esperando que el desenlace no sea el peor.
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