Las denuncias sobre el reclutamiento forzado de menores indígenas barí en la región del Catatumbo, en Colombia, han vuelto a tomar fuerza tras un nuevo acto de reclutamiento que involucró a una niña de 12 años el pasado 8 de junio.
Según los reportes de las comunidades, la menor fue raptada mientras caminaba hacia la iglesia en el casco urbano del municipio de Tibú, aunque fue liberada días después tras gestiones de los líderes locales.
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Este incidente es parte de una preocupante tendencia que señala un aumento en el reclutamiento de niños por parte de grupos armados en esta región.
Desde 2016 hasta junio de 2025, al menos 246 menores indígenas de la comunidad barí han sido reclutados para integrar las filas de grupos armados presentes en la zona, según declaró Alexander Adora, representante de derechos humanos de la comunidad Barí a La FM.
“Nos duele ver sufrir a nuestras familias al ver cómo se llevan a sus hijos”, expresó Adora, quien ha mantenido un registro basado en testimonios de padres afectados. Sin embargo, el miedo a represalias por parte de los reclutadores ha impedido que las familias denuncien formalmente ante las autoridades.
El Catatumbo, una región de constante conflicto armado en el noreste de Colombia, es disputada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Los enfrentamientos entre estos grupos continúan afectando de manera desproporcionada a las comunidades indígenas.
Según el líder barí, algunos de los menores reclutados han muerto en medio de estas confrontaciones: “Hemos conocido que varias de las personas fallecidas este año en los enfrentamientos entre ELN y las disidencias de las Farc son menores que habían sido reclutados”.
El resguardo indígena Barí, que abarca comunidades como motilón barí y catalaura, en el corregimiento de La Gabarra, señala que el reclutamiento forzado no es un fenómeno nuevo, pero los casos han aumentado en los últimos años.
Los líderes locales relatan situaciones devastadoras, en las que algunos padres han visto a sus hijos, ya uniformados y armados, formando parte de las filas de los grupos armados ilegales. Otros, en cambio, desconocen por completo el paradero de sus niños.
Una de las víctimas más recientes fue la menor liberada en junio, cuyo caso destaca como un raro ejemplo de retorno exitoso. Según la comunidad, las autoridades indígenas trabajaron arduamente para negociar su regreso. “Afortunadamente, tras gestiones adelantadas por nuestros líderes y autoridades, se logró la devolución de la menor a su familia”, indicó la comunidad.
Adora también exhortó a los organismos internacionales a intervenir de manera urgente para detener estas violaciones de los derechos humanos que vulneran a los niños del Catatumbo.
Su apelación se añade a los múltiples intentos de organizaciones locales por visibilizar la situación de estas comunidades atrapadas en medio del conflicto armado.
Esta situación subraya las dificultades persistentes en la región para asegurar la protección de las comunidades indígenas frente al control de grupos armados. Pese a los acuerdos de paz firmados entre el gobierno colombiano y las Farc en 2016, las disidencias que no se acogieron al proceso han intensificado sus actividades criminales, incluidas las acciones de reclutamiento.
Naciones Unidas y otros organismos de derechos humanos han expresado preocupación por las persistentes violaciones a los derechos de los menores en zonas rurales afectadas por el conflicto.
El panorama se agrava para las comunidades como las del pueblo Barí, cuyos miembros han enfrentado largos años de desplazamiento, aculturación y violencia sistemática. En palabras de Adora. Las familias de estos menores quedan marcadas por la incertidumbre y el miedo, temiendo represalias si intentan acudir a las instituciones competentes para buscar justicia.
El caso del Catatumbo evidencia una vez más la complejidad del conflicto armado colombiano, donde los avances hacia la paz son constantemente amenazados por dinámicas de violencia que persisten en las zonas periféricas. Mientras los líderes indígenas continúan alzando la voz y documentando estos crímenes, las soluciones concretas para frenar el reclutamiento forzado y proteger a los menores parecen aún lejanas.
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