Nuevo ministro de Justicia Eduardo Montelagre confirmó que Gobierno Petro impulsará una asamblea constituyente: tendrían que recoger ocho millones de firmas

El recién designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que el Gobierno prepara una propuesta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo de rediseñar el orden constitucional vigente desde 1991.

La iniciativa, que tendría como eje la participación ciudadana, fue confirmada por Montealegre en declaraciones ofrecidas a Blu Radio en la mañana del 12 de junio, y se enmarca en una apuesta del Ejecutivo por viabilizar reformas estructurales que, a juicio del gobierno, no son posibles en el marco actual.

Montealegre, expresidente de la Corte Constitucional y una de las figuras más visibles del ámbito jurídico nacional, explicó que la propuesta del presidente Gustavo Petro es avanzar hacia una Constituyente que no parta de un trámite legislativo tradicional, sino que sea impulsada a través de mecanismos de iniciativa popular previstos en la misma Carta Política.

Esta fórmula, indicó, exige cumplir con requisitos legales como la recolección de firmas equivalentes al 20% del censo electoral, es decir, cerca de ocho millones de ciudadanos.

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Según el ministro designado, la Constitución de 1991, aunque fue un hito democrático en su momento, ha comenzado a mostrar limitaciones frente a los desafíos sociales contemporáneos.

Montealegre sostuvo que algunas instituciones contempladas en el texto vigente se han convertido en barreras para la transformación social, y que es necesario un rediseño profundo que permita avanzar hacia un modelo más justo e inclusivo.

“Yo creo que después de 30 años de experiencia, ya nos ha demostrado que hay instituciones en la Constitución del 91 que se están convirtiendo en un obstáculo para el cambio social y que necesitan un rediseño profundo”, señaló.

El anuncio se produce pocos días después de que el presidente Petro hiciera una referencia explícita a la necesidad de una Asamblea Constituyente durante un acto público, lo que reactivó el debate jurídico y político sobre la viabilidad y legitimidad de dicho mecanismo.

La propuesta ha generado reacciones divididas, tanto en el Congreso como en sectores académicos, especialmente por el carácter inusual del camino propuesto, que podría dejar por fuera a los poderes constituidos como el Legislativo.

Montealegre aclaró que la convocatoria no sería una medida improvisada. Afirmó que el Gobierno ha venido discutiendo este escenario desde hace varios meses, inicialmente como parte de un proceso de movilización social, y que ahora se busca traducir en un procedimiento jurídico con consecuencias normativas.

Asimismo, enfatizó que su participación en la iniciativa responde a invitaciones de organizaciones sociales, y no a un encargo directo del Ejecutivo.

Entre los aspectos más polémicos está la posibilidad de que la iniciativa, una vez respaldada por el número suficiente de firmas, no tenga que ser tramitada por el Congreso, sino que sea enviada directamente a revisión de la Corte Constitucional.

Montealegre argumentó que el alcance de la participación ciudadana en estos procesos puede abrir la puerta a nuevas interpretaciones jurídicas, incluso, si ello representa lo que él mismo denominó una “herejía constitucional”.

Frente a los señalamientos de que la convocatoria a una constituyente podría ser una estrategia para extender el mandato presidencial o suspender las elecciones de 2026, el ministro descartó tajantemente esa posibilidad.

Aseguró que el presidente ha reiterado públicamente que no tiene intención de aspirar a una reelección, y que el objetivo del proceso constituyente es redefinir las reglas del juego institucional, no prolongar un gobierno.

“No se trata de una jugadita. Se está utilizando un mecanismo que la Constitución permite, y que debe pasar por el filtro popular”, expuso.

La propuesta, en cualquier caso, abre un nuevo capítulo en el debate sobre los mecanismos de participación ciudadana y los límites del poder constituyente en Colombia.

Mientras sectores del oficialismo defienden la necesidad de una transformación estructural del Estado, voces críticas advierten sobre los riesgos de un proceso que, aunque formalmente amparado en la Constitución, podría derivar en una alteración sustancial del equilibrio de poderes.