La decisión del presidente Gustavo Petro de firmar el decreto por medio del cual espera convocar la consulta popular, que ya fue negada por el Senado de la República, tiene sus primeras consecuencias. Ante el Consejo de Estado fue radicada una acción de tutela contra la Presidencia de la República y/o Gobierno nacional, por la presunta violación de “derechos”.
El accionante es Germán Calderón España, que solicitó al Consejo de Estado “que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, al principio de legalidad, a las reglas que regulan la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana”.
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Asimismo, pidió que se le ordene al presidente Gustavo Petro suspender el proceso de la consulta popular, teniendo en cuenta que hay consideraciones fácticas y jurídicas que impiden que se convoque el mecanismo de participación ciudadana.
Calderón España allegó como pruebas el decreto en cuestión, firmado por el jefe de Estado y sus ministros, y un fallo de tutela de primera instancia del Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogotá. Añadió también un documento emitido por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en el que deja constancia del rechazo de los congresistas a la consulta popular y de la resolución de una apelación presentada por la congresista María José Pizarro.
El accionante solicitó, además, que mientras el máximo juez de la administración pública resuelve la acción de tutela, se adopte una medida provisional: que se suspenda la aplicación del decreto de convocatoria de la consulta.
Según explicó en el documento, el mecanismo de participación ciudadana no puede ser convocado, toda vez que el Senado de la República emitió concepto desfavorable a la consulta el 14 de mayo de 2025, con 49 votos en contra y 47 a favor. Argumentó que solo podrá continuarse con el proceso cuando se someta a deliberación otro paquete de preguntas que no haya sido discutido con anterioridad en el Senado de la República.
“Las competencias del nivel nacional se deben respetar, con mayor énfasis si están atribuidas a las ramas del poder público como el legislativo, órgano que por mandato del artículo 150 superior tiene la atribución sagrada de “hacer las leyes” y, como consecuencia, “interpretar, reformar y derogar” las mismas”, se lee en el documento.
Explicó que ni el Gobierno nacional ni la ciudadanía pueden “invadir” la competencia del Legislativo por medio de la consulta popular, porque solo se permite un pronunciamiento de ese tipo “en relación con actuaciones administrativas”.
Anuncian demanda contra el decreto que convoca la consulta popular
El exsenador y precandidato presidencial David Luna anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado para que se anule el decreto con el que el Gobierno espera convocar la consulta y, así, garantizar que su reforma laboral, negada por el Congreso, se implemente en el país.
De acuerdo con el exfuncionario, el documento en cuestión está falsamente motivado y tiene vicios legales, por lo que no sería posible llevar a cabo el mecanismo de participación ciudadana. Asimismo, cuestionó al presidente Gustavo Petro por firmar el decreto en medio de un complejo ambiente político y de violencia.
“El Gobierno nacional, en vez de llamar a la unión entre todos, defender a la democracia, en vez de rechazar directamente los actos delincuenciales, en vez de desamarrarse las manos y los pies a la fuerza pública y a la Policía para que proteja a la sociedad civil, lo que hace es generar más provocación, firmando un decreto que convoca a una consulta popular que ya al Senado de la República había literalmente negado”, indicó el aspirante a la Presidencia.
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