Una intervención administrativa de gran alcance llevó a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a suspender, en forma temporal, las licencias de operación de cinco empresas de vigilancia y seguridad privada ubicadas en Barranquilla.
La decisión, anunciada recientemente, responde a supuestos incumplimientos graves en la regulación y busca prevenir la utilización del sector por parte de estructuras criminales. Según el comunicado oficial, entre los hallazgos destacan irregularidades en el control de armas y posibles nexos de socios con grupos delictivos.
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De acuerdo con la Delegatura para el Control, Inspección y Vigilancia, las empresas afectadas son Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda., todas operativas en la Región Caribe, específicamente en departamentos como Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre y La Guajira.
Estas compañías contaban con una capacidad operativa significativa, conformada por 696 vigilantes, 21 vehículos y un arsenal de 483 armas de fuego, incluyendo pistolas, revólveres y escopetas.
La entidad solicitó al Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (Dccae), junto con la Policía Nacional, la custodia provisional del armamento mientras se esclarecen los procesos. Según explicó la superintendente Yenniffer Parra Moscoso a El Heraldo, el objetivo de estas acciones es evitar que los recursos operativos de estas empresas puedan ser usados por estructuras criminales.
“Estas actuaciones buscan impedir que el sector de la vigilancia privada sea instrumentalizado por actores criminales. Nuestro compromiso es con la legalidad y la protección de los derechos de los ciudadanos”, declaró la funcionaria.
Entre las irregularidades detectadas por la Supervigilancia se incluyen problemas como fallas en los controles relacionados con el armamento, incluyendo su trazabilidad y custodia, así como omisiones en los filtros de contratación. El informe señala que varios empleados de estas compañías presentaban antecedentes penales activos por delitos graves, lo que representa un riesgo importante para la seguridad. Además, la investigación preliminar reveló que uno de los socios de las empresas intervenidas podría estar vinculado a organizaciones delictivas, un hecho que se encuentra bajo análisis de las autoridades competentes.
El informe también abarca irregularidades de tipo administrativo y financiero. Se registraron deudas acumuladas desde 2013 con el Fondo de Vigilancia, así como la falta de presentación de estados financieros desde 2019, lo que constituye otro posible incumplimiento de las normativas del sector. La suspensión de estas licencias forma parte de una estrategia interinstitucional liderada por el Gobierno Nacional, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, para reforzar los controles sobre el manejo de armas y evitar su desvío hacia usos ilícitos.
En el operativo también participaron representantes de la Procuraduría General de la Nación, bajo la instrucción del procurador Juan Gregorio Eljach Pacheco, quienes observaron las inspecciones con el fin de garantizar el respeto al debido proceso y la transparencia. El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró el almacenamiento del armamento decomisado, subrayando las medidas de seguridad y trazabilidad adoptadas para evitar cualquier tipo de irregularidad durante el procedimiento.
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