El nombramiento de Eduardo Montealegre como nuevo ministro de Justicia del Gobierno de Gustavo Petro ha generado fuertes reacciones en el sector político, particularmente desde la oposición.
Una de las voces más contundentes fue la de la representante a la Cámara y segunda vicepresidenta de esa corporación, Lina María Garrido, que no solo cuestionó la cercanía ideológica del exfiscal con el petrismo, sino que anticipó un eventual escenario de ruptura con consecuencias explosivas para el Ejecutivo.
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A través de su cuenta de X, la congresista del departamento de Arauca lanzó una crítica doble con una alta carga de ironía: “Dos cosas positivas que Eduardo Montealegre sea el nuevo Ministro de Justicia de @petrogustavo: Primera: Se quita la careta: su #alianza con el #Petrismo ya no será a escondidas. Quedará claro el nivel de #parcialidad y el uso político de la justicia. Segunda: Y lo mejor de todo: cuando Petro lo traicione o se peleen (como a Álvaro Leyva, a la exministra y a media docena más), nos esperan las cartas de Montealegre. Revelaciones brutales de la podredumbre del régimen. ¡Imperdibles!”
El comentario hace referencia al historial de tensiones y rupturas entre el presidente Petro y varios de sus exfuncionarios, lo que para Garrido podría repetirse con Montealegre, abriendo la puerta a nuevas denuncias internas desde las altas esferas del poder.
Un ministro con un pasado judicial polémico
Eduardo Montealegre ha ocupado los cargos más altos en el sistema judicial colombiano: exmagistrado de la Corte Constitucional, expresidente de la misma y exfiscal general de la Nación. Su trayectoria no ha estado exenta de controversias.
En 2012, el Senado lo eligió fiscal general tras ser ternado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, superando a sus competidoras María Luisa Mesa y Mónica de Greiff. Durante su gestión, que concluyó en 2016, Montealegre fue un defensor de la justicia transicional y del proceso de paz con las Farc, pero también fue criticado por decisiones como la contratación millonaria de asesores externos.
Antes de su cercanía con Santos, tuvo lazos con el expresidente Álvaro Uribe, a tal punto que llegó a ser considerado para la terna fiscal en ese periodo. Incluso, fue uno de los principales juristas que respaldó el referendo reeleccionista impulsado por el uribismo, que finalmente fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.
Advertencia formal a los ministros: “No tendrán quien los defienda”
Además del pronunciamiento en redes, la representante Garrido hizo llegar un oficio formal a los ministros del gabinete, advirtiendo sobre las consecuencias legales que podrían afrontar si firman un eventual decreto presidencial para convocar una consulta popular.
“El presidente, como bien se sabe, goza de fuero constitucional. Ustedes, como ministros, NO”, enfatizó Garrido en la carta enviada el 5 de junio, en la que además señala que “la responsabilidad penal y disciplinaria en el ejercicio de funciones públicas es individual, indelegable e intransferible”.
En el documento, la congresista también dejó claro que, a su juicio, “el actual Presidente de la República [...] está desfigurando el Estado de derecho” y que sus ministros podrían incurrir en prevaricato si respaldan actos administrativos “abiertamente contrarios a la ley”.
La llegada de Eduardo Montealegre al gabinete se registró apenas dos días después de que ofreciera asesoría jurídica al presidente Petro para decretar una consulta popular, luego de que el Congreso rechazara el mecanismo propuesto. La idea ha sido ampliamente criticada desde distintos sectores por considerarla una vía irregular y riesgosa para la institucionalidad.
Garrido no es la única en alzar la voz. Otros miembros del Legislativo, incluidos voceros de la oposición, han advertido que firmar tal decreto podría desencadenar procesos judiciales.
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