En la jornada del 4 de junio de 2025 el Senado será el encargado de decidir quién ocupará la vacante que dejará Diana Fajardo en la Corte Constitucional al culminar su periodo.
Las seleccionadas son las juristas Lina Marcela Escobar, Lisneider Hinestroza y Myriam Carolina Martínez, todas con reconocidas trayectorias en los campos del derecho constitucional, ambiental y agrario, respectivamente.
La inclusión exclusivamente de mujeres en la terna ha sido destacada en distintos sectores como un hito en la historia judicial reciente del país.
El Senado de la República será ahora el encargado de adelantar el proceso de elección, una etapa que se anticipa exigente, dado el perfil técnico y académico de las candidatas.
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Tres perfiles con trayectorias diversas
Lina Marcela Escobar es abogada de la Pontificia Universidad Bolivariana, con formación de posgrado en Derecho Parlamentario por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho Público por la Universidad Externado de Colombia. Es doctora en Derecho Constitucional y tiene una destacada trayectoria académica, habiendo dirigido programas de derecho en universidades como San Buenaventura y la Sabana, así como la rectoría de la Fundación Universitaria San Martín entre 2018 y 2022.
Su experiencia se extiende a las tres ramas del poder público. En el Ejecutivo, trabajó en el Ministerio del Interior en temas de jurisdicciones étnicas; en el Legislativo, fue asesora en el Senado durante debates claves como la eliminación de la reelección presidencial; y en el Judicial, se desempeñó como magistrada auxiliar del Consejo de Estado en la Sección Quinta, especializada en asuntos electorales. Más recientemente, ha estado vinculada como asesora en transformación digital en el sector legal.
Lisneider Hinestroza, doctora en Derecho y magíster en Derecho Ambiental, ha desarrollado una carrera centrada en el ámbito académico, con un fuerte énfasis en el derecho étnico, territorial y ambiental. Ha sido docente en instituciones como la Universidad de los Andes, el Externado y la Universidad Tecnológica del Chocó, esta última su alma mater. Lidera grupos de investigación en temas constitucionales críticos y ha publicado obras reconocidas sobre propiedad colectiva y conflictos ambientales en territorios de comunidades negras, especialmente en el Chocó.
Sus investigaciones, respaldadas por altas calificaciones académicas y dirigidas por figuras influyentes del ámbito constitucional, han abordado de manera sistemática las tensiones entre los derechos territoriales de comunidades afrocolombianas y los intereses mineros o estatales. También ha analizado las limitaciones del sistema judicial para garantizar la protección ambiental efectiva en territorios históricamente marginados.
Myriam Carolina Martínez aporta un perfil más técnico en temas agrarios y de gestión pública, con experiencia relevante en cargos del Ejecutivo durante el gobierno de Iván Duque. Abogada de la Universidad Sergio Arboleda, especializada en Derecho de las Telecomunicaciones y Comercial, cuenta con estudios de maestría en Derechos Humanos en curso y un MBA de una universidad española. Su trayectoria comenzó en el sector de telecomunicaciones, con responsabilidades jurídicas en EPM y Telefónica, y más adelante en Fedepalma, donde se vinculó al diseño de políticas sociales y ambientales en el sector palmero.
Durante su paso por la Agencia Nacional de Tierras, de la que fue directora entre 2018 y 2022, trabajó en procesos de adjudicación de tierras a comunidades campesinas y étnicas. No obstante, su gestión fue objeto de cuestionamientos, entre ellos retrasos en el trámite de solicitudes y observaciones por parte de la Contraloría General de la República. Posteriormente, se vinculó como asesora en esa entidad y, más recientemente, se ha desempeñado como consultora independiente.
Un paso clave hacia la renovación de la Corte
La selección de esta terna representa no solo un movimiento hacia una mayor presencia femenina en la Corte Constitucional, sino también una apuesta por enfoques jurídicos diversos. Mientras Escobar sobresale por su visión institucional y su conocimiento técnico de la estructura del Estado, Hinestroza aporta una mirada crítica y territorial desde los derechos étnicos y ambientales. Por su parte, Martínez concentra su experiencia en el diseño y ejecución de políticas públicas en el campo agrario y en la gestión estatal.
El proceso en el Senado, donde se definirá quién ocupará finalmente el lugar de Diana Fajardo, se anticipa sin favoritos claros, lo que plantea una oportunidad para una elección basada en el mérito y la trayectoria profesional. La decisión final no solo definirá el rumbo de futuras decisiones constitucionales clave, sino que también reflejará los equilibrios políticos y conceptuales al interior del Congreso.
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